Esteban Fuentes, El Mercurio.
SANTIAGO.- La Contraloría General de la República ordenó remover al jefe de la División de Personal de la Administración del Estado, Hernán Fonseca, quien dirigía el equipo a cargo de visar pensiones, entre ellas las de Gendarmería, algunas de cuales desataron fuertes críticas a la institución penitenciaria por sus altos montos.
Según informó la revista Qué Pasa, "la razón del alejamiento del funcionario, quien desde el año 1979 trabajaba en el organismo, se debió— según comentaron fuentes extraoficiales— a que todas las pensiones que se han aprobado desde 2008 (año que asumió el cargo) caen bajo su responsabilidad de mando, lo que a juicio de las mismas fuentes generó una pérdida de confianza en el contralor (Jorge Bermúdez)".
En su reemplazo asumió, en calidad de subrogante, el actual contralor Regional de Valparaíso, Víctor Hugo Merino.
Según agrega el medio, "el contralor también tendría contemplada una completa reestructuración del servicio al degradar a otros dos funcionarios: Marta Morales, quien se desempañaba como subjefe de división, pasó a ser jefe de área, mientras que a Alexandra Guaita se le removió de jefe de área a abogada informante".
Antes de que se destara un escándalo mediático por el caso de Myriam Olate, ex subdirectora técnica de Gendarmería y esposa del diputado PS Osvaldo Andrade, a quien se le aprobó una pensión de mensual de $5,2 millones, el contralor Jorge Bermúdez había abierto un sumario,
que data del 13 de junio último, para determinar eventuales responsabilidades administrativas en los actos por los que se aprobaron aquellas pensiones de retiro de funcionarios de Gendarmería concedidas por Dipreca (Dirección de Previsión de Gendarmería, Carabineros y la PDI) que superaron el tope legal de 60 UF ($1,5 millones).
Previamente, el contralor, quien asumió en diciembre de 2015, había realizado en abril de este año la revisión del visado de pensiones y detectó que al menos desde 1999 se han estado aprobando pagos por sobre el límite legal de 60 UF.
