Quieres ver tu clima local?
Mostrar
Santiago: Martes 03 de diciembre del 2024 | Actualizado 15:35
Es un proceso político donde miembros del Congreso enjuician el actuar de altos funcionarios públicos. La acusación es presentada en la Cámara de Diputados y tiene su última etapa en el Senado. Quienes sean declarados culpables son destituidos de sus cargos y quedan impedidos de ocupar puestos públicos durante cinco años.
Un grupo de no menos de 10 y no más de 20 diputados presentan la acusación, por escrito. La Cámara debe elegir una comisión de cinco miembros elegida al azar y que no puede incluir a los acusadores o miembros de la mesa, para que informe si la acusación procede o no.
Dentro de los primeros tres días tras la presentación de la acusación, el funcionario en cuestión será notificado, teniendo 10 días para presentar su defensa ante la comisión, en persona o en escrito. Después de esta presentación, la comisión tendrá seis días para pronuciarse sobre el caso, a través de un informe.
Antes de la discusión ante el pleno de la Cámara, el acusado podrá cuestionar si la acusación cumple con los requisitos establecidos por la Constitución Política del país. Esto es votado por la mayoría, y si se acoge el reclamo, la acusación es desechada. Si se rechaza, no podrá ser cuestionada nuevamente.
De continuar la acusación, la sala de la Cámara de Diputados inicia la discusión, con un representante de la comisión presentando el informe. Luego, el afectado podrá rectificar hechos, siendo comentados nuevamente después por el representante de la comisión. Luego, en la última sesión de discusión, se vota su admisibilidad en una sesión que no termina hasta que se llegue a una decisión. De declararse admisible, se elige una comisión de tres diputados para formalizarla en el Senado.
El Senado es notificado de la acusación y define una fecha para tratarla, entre cuatro y seis días después. Se cita a la comisión de diputados (que formaliza la acusación en la sala) y al acusado, para presentar su defensa, ambos con derecho a réplica.
En la sesión siguiente, cada capítulo de la acusación -es decir, cada infracción o delito denunciado- se vota por separado. Luego, el resultado es comunicado al acusado, a la Cámara de Diputados y, según corresponda, al Presidente de la República, la Corte Suprema y el Contralor General de la República
La primera acusación constitucional se presentó en 1868, en contra del Presidente y tres ministros de la Corte Suprema, siendo rechazada. En total, se han realizado 94 acusaciones constitucionales en Chile, de las cuales 19 terminaron con funcionarios destituidos. Desde el regreso a la democracia se han presentado 22 acusaciones, con tres destituciones: el ministro de la Corte Suprema Hernán Cereceda (1993), la ministra de Educación del primer periodo de Michelle Bachelet, Yasna Provoste (2008) y el ministro de Educación de la administración de Sebastián Piñera, Harald Beyer (2013).
