La magistrado Magdalena Casanova calificó a Raúl y Gustavo, padre e hijo, respectivamente, como "un peligro para la seguridad de la sociedad".
Vía Twitter (@Tecreivio)
Lo anterior, porque el caso generó una grave diferencia de opinión entre la Asociación Nacional de Magistrados y el área de comunicaciones del Poder Judicial, debido a la entrega del nombre de la jueza que ordenó el encarcelamiento de Gustavo Aravena Gallardo (32) y su padre Raúl Aravena Lisboa (58), a través de la red social Twitter, ante el requerimiento de un molesto cibernauta.
La idea de solicitar la identidad de la magistrado del Juzgado de Garantía de San Bernardo, Magdalena Casanova, era para enviarle una "carta de desprecio", generando la molestia del gremio hacia la unidad de comunicaciones,
"Ante estos hechos, la Asociación Nacional de Magistrados hace público su más enérgico rechazo al actuar de la Dirección de Comunicaciones de la Corte Suprema. Si bien reconocemos el derecho de toda persona a la información en virtud de la transparencia (ley 20.285), tales solicitudes deben plantearse por los canales regulares, como el propio Máximo Tribunal ha dispuesto en el portal de transparencia del Poder Judicial, donde incluso existen formularios para ello en los que el solicitante debe individualizarse", señalaron los magistrados a través de un comunicado.
En el escrito, explicaron que si bien "son tolerables exigencias sociales hacia el ejercicio del periodismo, no puede justificarse la entrega de información sensible a personas sin identidad y en el más completo anonimato en medios masivos que lo permiten, donde la respuesta no sólo llega al interlocutor, sino a miles de personas, también anónimas".
En ese sentido, los jueces agregaron que aceptan que sus nombres sean conocidos, "pero un criterio mínimo impone al Poder Judicial la misma exigencia de quienes demandan tal transparencia".
La asociación también criticó que "tanto en Twitter como en la página del Poder Judicial, no se hace alusión alguna a la circunstancia de tratarse de una resolución que se encuentra sujeta a revisión por medio de los recursos legales pertinentes de la que disponen los eventuales agraviados".
"Actuares destemplados como el aludido, no sólo no miden las consecuencias respecto de la seguridad personal de los jueces, sino que afectan también directamente la independencia de su labor jurisdiccional al exponerlos especialmente en casos de alta connotación pública", finaliza el documento.
