SANTIAGO.- "Yo estuve ahí cuando fue la primera audiencia y la acusaban de no tener imparcialidad, de tener un sesgo en sus apreciaciones".
Luchsinger sostuvo que los profesionales de la Defensoría Penal Pública, Manuela Royo y Mario Quezada -que presentaron una "recusación amistosa" contra la jueza- amenazaron a la magistrado con exigir "la nulidad del juicio o acudir a instancias internacionales".
"Me imagino que la jueza tuvo presente eso para evitar mayores problemas al juicio propiamente tal. Yo creo que es una situación muy grave", dijo a Emol Luchsinger.
A su juicio, lo ocurrido con Villagrán afecta a su familia "porque se puede pensar que hay otros jueces que puedan sentirse hostigados y no tengan la fuerza para decirlo públicamente como lo hizo esta jueza.
Entonces la entidad en que tenemos que confiar para buscar la verdad y a los culpables, que son los tribunales, empiezan a quedar en entredicho".
Consultado acerca de si es que iniciarán alguna acción en contra de los abogados defensores o un reclamo ante la Defensoría Nacional, Luchsinger expresó que hasta ahora "no hemos pensado si haremos alguna acción".
"Sólo estamos tratando de que esto avance y en lo principal que se cierre la investigación y que de una vez por todas podamos cerrar la investigación y el juicio por el bien tanto nuestro como de los imputados que se merecen un juicio justo".
"Balde de agua fría"
Para el presidente de la Asociación de Víctimas de la Violencia en La Araucanía, el abogado Luis Felipe Romero, la situación fue para su agrupación como "un balde de agua fría".
"Nos cayó como un balde de agua fría, cuando se supo, porque si bien Jorge Luchsinger es parte de nuestra asociación, este tipo de presiones se da en un contexto un poco más privado, entonces la jueza se inhabilita porque cree que efectivamente existe algún grado de enemistad y que eventualmente le restaba imparcialidad para resolver. Y eso es muy fuerte que ocurra con funcionarios públicos que trabajan para la Defensoría respecto de una magistrado que también es funcionario público", sostuvo.
Asimismo, calificó de "grave el hecho de que se haya inhabilitado una jueza porque dos abogados que son de la Defensoría Penal Pública lo hayan solicitado. Lo entiendo en los casos de las defensas particulares, que piden estas inhabilidades, pero no de funcionarios públicos, que además, ella va a tener que seguir conociendo causas con esos mismos profesionales. Por lo que me parece un despropósito de parte de la defensa".
Romero también calificó de "fuerte" la causal esgrimida por la magistrado. "Creo que ese tipo de presiones hacia el poder judicial y a los jueces de la causa no se deben dar", añadió.
"Yo también soy abogado y defensor, por lo tanto comprendo que uno le pone más pasión a una causa, pero debe primar la cordura y entender que todos están cumpliendo sus funciones técnicas y jurídicas. Hoy día en ese sentido lo que debiera esperar es que no existan este tipo de presiones en causas", expresó.
Acciones
Consultado por si es que van a iniciar alguna acción por lo ocurrido en el Juzgado de Garantía de Temuco, Romero dijo que la asociación ya lo está evaluando.
"Estamos evaluando un reclamo, estamos esperando ver qué es lo que el subsecretario (del Interior Mahmud) Aleuy puede obtener con su oficio en el Ministerio de Justicia, porque ellos son parte de esa cartera y por tanto, algo va a tener que decir este tema", manifestó.
En ese sentido, anunció que en la cita del próximo martes del directorio de la entidad se decidirá si es que se presenta un reclamo.
Apoyo
Desde la UDI, el diputado Gustavo Hasbún, se sumó a las críticas por lo ocurrido en el tribunal de Garantía de Temuco y recordó que "los abogados defensores pertenecen a la Defensoría Penal Pública que es pagada con los recursos de todos los chilenos".
El parlamentario criticó que estos profesionales "se comiencen a transformar en cómplices de esos grupos que operan en la región y sean verdaderos operadores políticos de los grupos de extrema izquierda".
"Vamos a citar a la comisión investigadora de la Araucanía, al fiscal nacional y al defensor nacional, para expresarle al primero – todo nuestro apoyo para seguir adelante con las investigaciones; mientras que al segundo, para expresar toda nuestra preocupación y que nos explique la forma en que actúan sus subordinados en la región", finalizó.
"Violencia verbal" en tribunales
El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, también se refirió a lo ocurrido en el tribunal de Garantía de Temuco.
La autoridad calificó el hecho como "extremadamente graves" las acusaciones de amedrentamiento y amenazas hechas por defensores penales en contra de jueces, fiscales, policías y abogados querellantes en audiencias judiciales de la regiones del Biobío y La Araucanía; y reiteró que oficiarán al Ministerio de Justicia para "investigar esta situación y hacer las gestiones ante los tribunales respectivos".
"Una cosa es que tengamos que enfrentar hechos de violencia sistemáticos en zonas urbanas y rurales, y otra cosa distinta es que haya que enfrentar hechos de violencia, en este caso verbales, al interior de un juzgado", enfatizó.
