SANTIAGO.- Hay dos situaciones que han marcado la investigación del caso Luchsinger-Mackay en las últimas semanas.
La primera es el intento de dos de los imputados de acercarse al fiscal jefe de Temuco Alberto Chifelle, tras varios entredichos con defensores por un informe pericial. Lo trataron de racista y la audiencia se suspendió.
La segunda ocurrió la semana pasada, cuando la jueza de Garantía María teresa Villagrán se negó a seguir liderando la causa, acusando "hostilidad" de parte de dos abogados que pertenecen a la Defensoría Penal Pública.
Este ambiente "enrarecido", según asegura el fiscal regional de La Araucanía, Cristian Paredes, a
El Mercurio es parte de una maniobra de los defensores para cambiar el foco del proceso.
"Esto ha sido propiciado por defensores privados, de quienes uno no espera nada distinto de lo que hablan siempre, como montajes que no son tales, pero lo más preocupante es que este discurso ha permeado a defensores penales públicos que intervienen en estas causas, se dedican a denostar a los fiscales o a afirmar que los policías torturan, como dijeron en el caso Luchsinger", asegura.
Paredes califica de "gravísimo" lo ocurrido en esa audiencia.
"La violencia no es solo física, sino que a nivel verbal los defensores públicos, tan empleados públicos como los fiscales, afirman cosas que dan pie a otros sucesos. Se ha sobrepasado el límite y hemos visto que hay un compromiso emocional con los procesos, sobre todo las defensas públicas", indica.
En ese sentido Paredes cree que "hay actos que permiten colegir que esto no es aislado y que obedece a una estrategia de denostación; y a falta de buenos argumentos, hay ataques personales".
Fuera de tribunales el tema sigue su propio curso. A mitad de semana se halló un lienzo en un puente de la ruta Cajón-Vilcún que aludía directamente al fiscal Chifelle, acusándolo de racista. Y ayer el blanco fue la sede regional de la Defensoría Penal Pública, atacada a pedradas.
El detonante de los dardos públicos en contra del fiscal jefe de Temuco fue una acusación pública de un ex persecutor. Ricardo Traipe, ex fiscal de Collipulli, denunció haber sido discriminado por su origen mapuche y que Chifelle lo presionó para ser especialmente severo en causas con imputados mapuches.
Paredes asegura que "al ex fiscal no solo no se le discriminó. Dejó la institución por una falta gravísima -no una, sino tres veces-, como no presentar acusaciones correspondientes. Formó parte de la fiscalía por diez años y jamás hizo una denuncia como la que sostiene".
De momento, la fiscalía mantiene medidas de protección especiales sobre los fiscales Chifelle y Luis Arroyo.
