SANTIAGO.- A poco más de un mes de que se cumplan dos años de la entrada en vigencia de la Ley Emilia, Carolina Figueroa, presidenta de la fundación con el mismo nombre y madre de la pequeña fallecida en un accidente provocado por un conductor en estado de ebriedad, hace un balance de la iniciativa legal.
"La ley Emilia estableció una base, estamos mucho mejor que cuando fue el crimen de mi hija, pero no es la solución aún", comenta a Emol Figueroa.
La normativa entró en vigencia el 16 de septiembre de 2014 y tenía como objetivo endurecer el castigo para los conductores en estado de ebriedad que se vieran involucrados en accidentes con resultado de muerte o lesiones graves. Además, estableció como un delito la fuga del lugar de los hechos y resistirse a la alcoholemia.
"La corte no piensa que esto es un delito"
Para la madre de Emilia, la primera parte de la ley, que aplica una condena de al menos un año de prisión efectiva para los conductores ebrios, se está cumpliendo, sin embargo, la segunda ha sido desestimada por las Cortes de Apelaciones.
"Es en aquellos casos donde está establecida la fuga donde hemos encontrado la mayor cantidad de obstáculos, ya que ni en los tribunales ni las Cortes de Apelaciones están respetando el año de cárcel efectiva asociada a la fuga", sostiene.
Esto, para Figueroa, es un problema "macro", que está en el fondo del sistema penal chileno, ya que durante el procesamiento de los imputados, los representantes de las víctimas no tienen ninguna participación.
Carolina Figueroa:
"Es en aquellos casos donde está establecida la fuga donde hemos encontrado la mayor cantidad de obstáculos"
"Ahí está el gran problema y en la posibilidad de que ellos (las cortes) no piensan que esto es un delito. Muchas veces nos han dicho que esto es un error, que es un accidente y que no constituye delito. Entonces, mientras ellos no piensen que esto es un delito, evidentemente las condenas van a ser bajas", sentenció.
Es por esto que, según la presidenta de la Fundación Emilia, seguimos viendo casos de impunidad relacionados a muertes por conductores en estado de ebriedad.
Impunidad en casos emblemáticos
Es el caso del relator del CDF, Javier Muñoz, quien murió en agosto de 2015, y a cuyo causante el Tribunal Oral en lo Penal condenó por cinco años. Sin embargo, la Corte de Apelaciones la rebajó a sólo un año de presidio, "a través de unos resquicios que nadie entiende todavía y que estamos evaluando con abogados", dice Figueroa.
Otro de los casos emblemáticos es el de Pablo Ascencio, quien murió en manos de un conductor ebrio a sólo cinco días de entrada en vigencia la Ley Emilia y que se convirtió en el primer caso juzgado bajo esta normativa.
"El Tribunal Oral en lo Penal da nueve años por el delito de estado de ebriedad y también por el de fuga, y la Corte de Apelaciones simplemente los renuncia a un año de prisión efectiva desconociendo que la fuga también tenía un año de prisión efectiva", señaló Figueroa.
Es por esto que la Fundación Emilia, en conjunto con las familias que la conforman -incluyendo las de Muñoz y Ascencio- convocaron para mañana a las 11:00 horas una marcha frente al Congreso Nacional.
"Emplazamos específicamente a la Comisión de Constitución y Justicia del Senado, que fue la que aseguró que con la ley Emilia se acababa la impunidad y que es la que tiene que responder por qué los delitos de fuga no están siendo tomados en cuenta, ni por la Corte de Apelaciones ni por los tribunales de justicia", confirmó.
Carolina Figueroa:
"El año pasado levantamos mayor cantidad de cifras que durante el año 2014, subieron las cifras"
Efectos concretos de la ley Emilia
"Yo creo que la ley Emilia ha tenido efectos reales en el sentido en que ha establecido una base (...) Yo creo que esa base tiene que ser perfeccionada y es aquí donde interpelamos a los parlamentarios que nos aseguraron que con la ley se iba a acabar la impunidad", comentó la madre de la pequeña Emilia.
No obstante, Figueroa admite que, a pesar de que entre septiembre de 2014 y el mismo mes de 2015 -el primer año de la normativa- se disminuyeron en un 23% las muertes en accidentes provocadas por conductores en estado de ebriedad, durante los meses siguientes a esa evaluación "se relajaron todas las campañas de seguridad vial dirigidas por Conaset y el Ministerio de Transportes y se nos levantaron las cifras hacia una disminución de casi 0%".
De hecho, afirmó que entre 2014 y 2015 (tomando en cuenta el año real), las muertes provocadas por estos accidentes aumentaron.
"Pero también subieron las cifras en aquellos delitos relativos a exceso de velocidad, por lo tanto aquí estamos frente a una falta de una política integral de seguridad vial desde el Gobierno", puntualizó Figueroa.
