Luis Urzúa, líder de los 33 mineros, minutos después de ser rescatado en octubre de 2010.
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SANTIAGO.- Para mañana a las 9:00 horas, en dependencias de la Fiscalía de Caldera, están programadas las primeras declaraciones de los mineros rescatados en Atacama, en el marco de la investigación por estafa calificada, apropiación indebida, contrato simulado y prevaricación que inició el Ministerio Público contra los ex abogados de los trabajadores, Remberto Rodrigo Valdés Hueche y Fernando Darío García O´Nell.
Luis Urzúa, Jorge Galleguillos y Víctor Zamora serán los primeros en ser interrogados por el fiscal jefe, Álvaro Córdova, quien encabeza la investigación iniciada el año pasado tras la presentación de una querella contra quienes los representaron tras su rescate en 2010.
La acción penal -firmada por 10 de los 33 mineros- acusa que ambos profesionales abrían incurrido en presuntas maniobras fraudulentas y engañosas para inducirlos a error, haciéndoles creer que tendrían una sociedad administrada por ellos, para, en definitiva, perjudicarlos y apropiarse de partidas de dinero que les corresponden.
A la ronda de declaraciones que comenzará mañana, se sumarán las citaciones a Juan Carlos Aguilar, Richard Villarroel, Osmán Araya, Mario Gómez, Claudio Acuña, Edison Peña y Ariel Ticona, quienes decidieron recurrir a la justicia representados por el abogado Alejandro Peña.
Al respecto, este último recalcó a Emol que "estamos confiados en el trabajo que realiza el fiscal Córdova", enfatizando que "con los testimonios que entregarán los mineros a partir de mañana, quedarán acreditados los delitos de estafa calificada y prevaricación de los cuales fueron víctimas, ya que relatarán los detalles de la forma en que fueron engañados y despojados de sus derechos".
La querella fue ingresada en noviembre del año pasado ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, sin embargo, el tribunal se declaró incompetente para conocer los antecedentes del caso por considerar que el principio de ejecución de los hechos "está dado mientras ellos se encontraban al interior de la Mina San José, la cual está ubicada en la comuna de Caldera".
Por ello, se derivaron todos los antecedentes al Juzgado de Garantía de esa ciudad, que declaró admisible la acción penal.
