SANTIAGO.- "Es un tema político" dijo categórica a
Emol este jueves la abogada Manuela Royo,
tras ser apartada del equipo de la Defensoría Penal Mapuche que representa a los 11 imputados por la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay, por orden del jefe local de la dependencia, Pablo Ardouin Bórquez.
La decisión fue comunicada ayer por la entidad, tras conocerse las críticas que la mujer hizo a través de las redes sociales al fiscal Alberto Chifelle, quien -a su juicio- lleva adelante una investigación sesgada.
A través de un comunicado, el organismo detalló que la separación de la profesional de la causa en cuestión, tiene relación con "no afectar la debida defensa jurídica de los imputados representados por ella hasta ahora".
La medida, sin embargo, no fue bien recibida por Royo, quien agregó a este medio que "la decisión perjudica gravemente la defensa de mis representados, quienes aún siguen manteniendo mi calidad como defensora de ellos, porque ha sido un trabajo importante de confianza que ellos tienen hacia mí".
Aseguró, en la misma línea, que de acuerdo a la Ley 19.718 -que regula a la Defensoría- "no existen atribuciones legales del defensor jefe para separar a un defensor de una causa, y la única persona legitimada para hacerlo, es el mismo imputado".
"Lamento esta decisión porque siento que no responde a razones técnicas sobre mi desempeño, sino a las presiones políticas a las que ha sido sometida la Defensoría de parte del Ministerio del Interior y de la derecha (política)", aseveró, recalcando que "la UDI y RN han pedido mi salida".
Por último, alegó que "me han coartado mi libertad de expresión", argumentando que "por ser defensora no pierdo mi calidad de ciudadana".
"Tengo derecho a expresarme sobre casos que son hechos públicos y notorios, como la demanda laboral que un ex fiscal (Ricardo Traipe) presentó a la Fiscalía y que expone, entre sus razones, que existen presiones indebidas de parte del fiscal Chifelle".
Tras su salida de la causa, Royo expresó su intención de seguir participando, pero como defensora privada, ya que la decisión de la Defensoría no la invalida para continuar como interviniente de manera particular.
