SANTIAGO.- El Gobierno, a través del subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, respaldó ayer la decisión del Defensor Penal Mapuche, Pablo Ardouin, quien separó del caso Luchsinger a Manuela Royo luego que criticara con dureza a uno de los fiscales intervinientes en la causa (Alberto Chiffelle) a través de un video publicado en YouTube.
Aleuy dijo, según consigna
"El Mercurio" que "no es admisible que funcionarios públicos hagan cosas -sea por acción u omisión- que lo que único que hacen es horadar a esas instituciones frente a la opinión pública. Estamos muy satisfechos de las decisiones que ha tomado el defensor".
La medida fue anunciada el miércoles por la Defensoría a través de una declaración en la que manifiestaba que la salida de Royo de la causa buscaba "no afectar la debida defensa jurídica de los imputados representados por ella hasta ahora", así como "la sana convivencia entre todos los intervinientes del sistema procesal penal, conforme a nuestra legislación".
Aunque según la Defensoría la situación de Manuela Royo significa en la práctica que esta dejó su rol como defensora, la abogada aseguró ayer en Temuco que no dejará la causa. En
declaraciones a Emol, manifestó que su salida "no responde a razones técnicas sobre mi desempeño, sino a las presiones políticas a las que ha sido sometida la Defensoría de parte del Ministerio del Interior y de la derecha".
La Defensoría Penal Mapuche mantiene con Royo un contrato de trabajo a plazo fijo que vence en noviembre próximo. Se ignora si en virtud de su salida de la causa este plazo será reducido. Para ello, es necesario que se inicie un proceso administrativo de sanción.
No está claro si Royo asistirá o no a la audiencia en la que se determinará el cierre de la investigación en el caso Luchsinger, programada para el 17 de agosto.
Molestia de fiscales
Su posición molestó al presidente de la Asociación de Fiscales, Claudio Uribe, quien ayer viajó a Temuco. "Si ella decide que le da lo mismo la decisión de su superior jerárquico, tiene que definir si es defensora o persona ligada al activismo. Tiene que tomar una definición: o es defensora o activista política que usa su rol de abogado. Y si ella no lo define, le pediría al defensor nacional que lo haga", dijo el persecutor.
Agregó que "si va a seguir como particular, le pediría que guarde las formas, que se centre en los argumentos, y no el activismo político".
La atmósfera en el ambiente judicial de Temuco ha estado enrarecida por acusaciones cruzadas entre fiscales y defensores, lo que ha llevado incluso a que una de las juezas en el caso Luchsinger se inhabilite.
Situación "grave"
Como "grave" calificó el presidente del Colegio de Abogados, Arturo Alessandri C., el comportamiento de la defensora penal pública que esta semana fue marginada del caso Luchsinger tras criticar en YouTube la labor de un fiscal. "No hay precedente de algo así", dijo, y planteó que el actuar de la abogada "vulneraría el artículo 95 de nuestro Código de Ética, relativo al deber de lealtad en la litigación".
Lo que correspondía, piensa, era que usara el propio sistema penal para denunciar si las imputaciones tenían sustento, porque "aquí se están usando argumentos distintos a los jurídicos para influenciar al juez", advirtió. "Eso, sin contar con que los insultos y amenazas en este juicio llevaron a una jueza a inhabilitarse", agregó.
Ambas, cree, son situaciones que "obligarían a pensar en sacar estas causas de la zona y llevarlas a otras regiones, como ocurre con la Ley Antiterrorista en España, donde se dispuso que los procesos no pudieran tramitarse en el lugar de los hechos, precisamente por las eventuales amenazas contra el Poder Judicial (o investigadores)".
