Diputados UDI solicitaron al Fiscal Nacional, Jorge Abott, remover al fiscal encargado del caso Lan-Argentina.
El Mercurio
SANTIAGO.- Un oficio dirigido al fiscal nacional, Jorge Abbott, envió la bancada de diputados de la UDI para solicitar la remoción del fiscal regional Centro Norte, Andrés Montes, de la investigación por presunto cohecho transnacional contra ex autoridades argentinas y que involucra a la empresa LAN y a Sebastián Piñera.
Según publica hoy La Tercera, el requerimiento fue enviado ayer por parlamentarios con el objeto de evitar que la vinculación del abogado con el senador socialista Carlos Montes, pueda ser interpretado como una "politización" de la causa debido a que en ella Piñera aparece en calidad de testigo.
La causa busca establecer la legitimidad del pago por US$ 1.150.000 que habría recibido el ex secretario de Transportes de Néstor Kirchner, Ricardo Jaime, entre los años 2006 y 2007 por parte de la empresa, hasta entonces chilena.
Para ello, el investigador ha realizado diversas diligencias que incluyen la toma de declaración de miembros y ex miembros del directorio -entre ellos el ex Presidente Piñera, realizada en junio de 2014- e interrogatorios en Buenos Aires, los cuales se concretarán en las próximas semanas.
El Ministerio Público ha señalado que el cuestionario será realizado por un fiscal argentino, sin embargo, Montes podrá sugerir preguntas.
En esta línea, los diputados UDI piden remover a Montes de la investigación.
Según el escrito -firmado por el subjefe de bancada Gustavo Hasbún y el diputado Ignacio Urrutia- el caso "traspasa los márgenes estrictamente jurídicos, abarcando además aspectos de orden político con ocasión de la vinculación en este asunto por parte del ex Presidente de la República Sr. Sebastián Piñera".
"En este ámbito, constituye un hecho de público conocimiento que el Sr. Fiscal Montes es hijo del H. Senador del Partido Socialista Sr. Carlos Montes Cisternas, razón por la cual la presencia en esta investigación, que reviste aristas de orden político, pudiera cuestionar el accionar de esta alta institución de la República", agrega.
Finalmente, los diputados agregan que "es por ello que, esperando el éxito de la diligencia, nos parece de toda prudencia encomendar este importante asunto a un fiscal alternativo, sin desmerecer las capacidades profesionales y personales del Sr. Fiscal Montes".
En el oficio, los parlamentarios citan el artículo 63 de la Ley 19.640 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, que dispone que los fiscales estarán afectos a las prohibiciones de intervenir, en razón de sus funciones, "en asuntos en que tengan interés personal o en que lo tengan el cónyuge, conviviente civil, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive".
Por último, el escrito señala que "tales normas deben ser concordadas con todas aquellas materias vinculadas a los principios de imparcialidad", agregando que "no se trata de un juicio a las capacidades del profesional Montes, sino sólo a lo delicado de este caso procurando que no traspase los aspectos estrictamente jurídicos, evitando con ello una indeseable politización".
