Felipe Ignacio González, El Mercurio
SANTIAGO.- La remoción del caso Corpesca y la apertura de una investigación sumaria en contra del fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, es el inicio de una serie de acciones que adoptará la Fiscalía Nacional cada vez que exista una violación a las normas de reserva y prudencia que señalan las innovaciones establecidas en la Agenda Corta, según se confirmó ayer en el Ministerio Público.
Una de las decisiones dice relación con la confección de un instructivo que será distribuido entre todos los fiscales regionales y adjuntos, que delimita el campo de acción por sus declaraciones e intervenciones ante los medios de comunicación. Ello, tomando en cuenta las modificaciones hechas al artículo 64 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público en la denominada Agenda Corta, señala "
El Mercurio".
El mencionado artículo señala: "Los fiscales deberán abstenerse de emitir opiniones y dar a conocer antecedentes de investigaciones a su cargo a terceros ajenos a la investigación, fuera de los casos previstos en la ley o en las instrucciones impartidas por el Fiscal Nacional".
Ayer, Marta Herrera, directora de la Unidad de Asesoría Jurídica, dijo que ya había instrucciones en estas materias "principalmente a los fiscales regionales y a mantener la prudencia que el cargo exige".
Trascendió que en marzo se les había enviado un correo con instrucciones a todos ellos, lo que en algunos casos no fue acatado. Por tal motivo, el fiscal nacional, Jorge Abbott, había citado a su oficina a algunos investigadores para conversar y analizar ciertas declaraciones que rayaban en algún tipo de contravención a esta norma.
Y en los consejos regionales se les reiteró la misma materia, especialmente en el consejo realizado el 7 de julio pasado, dos días después que entró en vigencia la nueva legislación. Por ello que quien no acate el instructivo tendrá que afrontar las mismas medidas que Arias, se dijo.
Respecto de la postura de Abbott, quien ayer viajó a Isla de Pascua, Marta Herrera confirmó que "para el fiscal nacional, el cuidar las investigaciones y particularmente la reserva siempre ha sido un tema. Y ha sido un tema que ha sido discutido en el consejo general".
Además, dijo, la modificación establecida en la Agenda Corta a su ley orgánica "es mucho más categórica, en el sentido que los fiscales no pueden dar a conocer antecedentes de las investigaciones, lo que está vigente desde el 5 de julio de este año".
En la situación particular de la salida del fiscal Emiliano Arias del caso Corpesca, descartó presiones políticas, lo que quedó claro en el comunicado de la noche del martes, precisó. Allí se le hizo un reproche público al señalarse que su cambio se debe a que Arias entregó antecedentes a través de un medio de comunicación "con escasa prudencia, al hacer aseveraciones que exceden el ejercicio de su función como fiscal, refiriendo cuestionamientos políticos al trabajo legislativo, que nada se relacionan con la función que constitucionalmente se le ha asignado".
Ayer, "El Mercurio" consultó sobre esta decisión a los ex fiscales nacionales Guillermo Piedrabuena y Sabas Chahuán. Mientras el primero respondió que "estoy bastante impactado con lo que está pasando, pero es muy delicado que el ex fiscal nacional opine sobre materias que aún desconoce", Chahuán señaló que opinará una vez que salga el instructivo.
Reacción de rechazo de los fiscales
La Asociación de Fiscales salió a deplorar las medidas adoptadas por el fiscal nacional en contra de Emiliano Arias.
El presidente del gremio, Claudio Uribe, dijo a este diario que "el único objetivo es perjudicar el acceso de la opinión pública de información que es relevante para la comunidad; de esta manera, las causas van a trascender de unas pocas personas".
Arias dejó de ser asociado en 2013. Pero Uribe sostuvo que "no es por defenderlo a él en particular, pero, según se desprende de su entrevista, no ha incumplido el deber de reserva, son opiniones de carácter genérico".
La asociación que encabeza sacó un comunicado de cinco puntos rechazando lo ocurrido. En el primero señalan que la interpretación de la norma "no puede llegar al extremo de impedir a los fiscales regionales y adjuntos emitir opiniones de carácter general y que no afectan a la investigación. Menos es posible considerar una afectación a la normativa, cuando lo que manifiesta el fiscal son expresiones ya expuestas públicamente ante los tribunales de justicia".
En otra parte de la declaración señalan que "resulta particularmente grave" que se tome esta medida, invocando el artículo 64 de la Ley Orgánica modificada en fecha reciente "y que, mal interpretada, puede solo emplearse para privar a la opinión pública de información relevante en casos de alto interés ciudadano".
Según el gremio, esto refuerza las aprensiones "que hicimos saber en la tramitación legislativa de la ‘Agenda Corta’, porque, en definitiva, cuando investigaciones afecten a grupos de poder, se ha de (hacer) valer la presente norma para conseguir mantener desinformada a la ciudadanía".
