SANTIAGO.- Un oficio envió el martes pasado el presidente del Consejo para la Transparencia, José Luis Santa María, al Ministerio del Interior, a la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y al Consejo Ciudadano de Observadores (CCO) con el fin de que el Ejecutivo dé a conocer las actas de los encuentros locales y cabildos en el marco del proceso constituyente.
"La legitimidad y credibilidad en procesos participativos o de consulta pública exigen transparencia de la información recolectada y accesibilidad a los datos para su escrutinio público y control social", se señala en el oficio respecto a la etapa que inició el Gobierno llamada "Una Constitución para Chile".
Se especifica, según consigna
"El Mercurio", acerca de la necesidad de transparentar las encuestas individuales que se realizaron de manera íntegra, es decir, las respuestas de los ciudadanos ante sus preferencias de principios, valores, derechos, deberes, instituciones; e incluso, las opiniones que fueron escritas para aportar al proceso.
Sobre los Encuentros Locales Autoconvocados (ELA) se recomienda liberar las páginas de los documentos que contengan los siete conceptos y sus fundamentos acerca de principios, valores, derechos, deberes e instituciones.
Asimismo, se solicita publicar las estadísticas de participantes de cada ELA, su fecha de constitución y lugar geográfico. Sin embargo, se enfatiza en la protección de los datos personales de los participantes.
Lo mismo ocurre con la petición en torno a los cabildos provinciales y regionales.
"Patrimonio documental"
Otro argumento acerca de la necesidad de transparentar la información, según se explica en el oficio, responde al aporte "valioso" al patrimonio documental de las futuras generaciones.
Además, se recomienda "emplear formatos de datos abiertos para publicar la información que permitan su fácil acceso y análisis". Se añade que pese a que hay información liberada se debiese avanzar hasta alcanzar los requerimientos propios del formato de datos abiertos para que la ciudadanía pueda descargar fácilmente la información y hacer cruces de esta.
Consultado ayer Santa María, enfatizó en que la transparencia del proceso se fundamenta en el principio constitucional de publicidad y por el "evidente interés público" en conocer la información que se recopiló a través de la participación ciudadana. "Siempre que se resguarden debidamente los datos personales, esa información debe poder ser conocida por la ciudadanía. Es deber del Gobierno cumplir proactivamente con altos estándares en materia de transparencia, datos abiertos y gestión documental del proceso", precisó.
