Fiscal Raúl Guzmán ingresando hoy la acusación contra los tres imputados.
El Mercurio (Archivo)
SANTIAGO.- Nueves días después de comunicar el cierre de las indagatorias, la Fiscalía Metropolitana Sur presentó este jueves ante el 15° Juzgado de Garantía de Santiago, la acusación por delitos terroristas contra los tres imputados por su presunta responsabilidad en los ataques en el Metro y en una comisaría de Santiago, ocurridos en 2014 en la capital.
En el documento, el Ministerio Público solicita una pena de presidio perpetuo simple para Juan Flores, el principal imputado por el caso.
Según el escrito, el joven participó en el bombazo que afectó a un vagón del Metro en la estación Los Dominicos, en los ataques a la Primera Comisaría de Santiago, y en el atentado registrado en el Subcentro de Escuela Militar, que dejó una veintena de heridos.
Para Nataly Casanova, la Fiscalía pide una pena de 20 años por su vinculación con los dos atentados en el tren subterráneo, y por la pólvora encontrada en su domicilio al momento de su detención la madrugada del 18 de septiembre de 2014.
En tanto, para Enrique Guzmán -el último de los detenidos- el ente perseguidor penal propone una condena de 10 años y un día de cárcel tras ser relacionado con el ataque al cuartel policial junto a Flores.
La acusación fue ingresada a casi dos años de la detención de los sujetos, quienes -de acuerdo a la investigación que dirigió el fiscal regional junto al fiscal exclusivo Claudio Orellana- pertenecerían a una "célula compacta" que estaría detrás de la colocación y detonación de los tres objetos incendiarios de carácter terrorista ocurridos el año 2014.
Ahora, el tribunal deberá programar una audiencia preparatoria de juicio para establecer cuáles serán las pruebas que podrán llevar a juicio la Fiscalía y las defensas.
Previo a ello, también deberá discutirse la posibilidad de la reapertura de la causa solicitada por el defensor público de Flores, Juan Pablo Gómez, luego que el martes el tribunal rechazara suspender el proceso en 30 días para pedir a la Fiscalía un supuesto video de un seguimiento al que habría sido objeto su representado, que confirmaría la inocencia del joven.
