SANTIAGO.- En Chile existen unas 16 mil personas de escasos recursos que reciben pensiones de gracia por parte del Estado con las cuales subsisten ellos y sus familias.
Pero un 40% de ellos, es decir unos 6.400 beneficiarios, comenzaron a tener un serio problema desde el momento en que cobraron el beneficio por primera vez.
Ellos fueron retirados desde el grupo A del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) –que permite acceder a todas las prestaciones de salud en forma gratuita- y fueron pasados al B.
De acuerdo a fuentes del Gobierno, debido a una interpretación administrativa los afectados fueron traspasados al tramo que destinado a personas con un ingreso imponible mensual menor o igual a $257.500.
En consecuencia, los pensionados por gracia –la mayoría con invalidez física o con diferentes enfermedades- debían destinar parte de dicha pensión a las cotizaciones de salud, a fin de poder recibir una atención médica, o peor aún, en caso que no cotizaran, debían pagar por cada atención recibida en forma particular.
En el caso de quienes reciben un ingreso de 166.103 pesos, deben destinar $11.620, es decir el 7% de su dinero para las prestaciones de salud.
La solución definitiva
Pero la compleja situación llegará a su fin a partir de este martes, pues hoy se firmará un convenio entre la subsecretaría del Interior y Seguridad Pública y la dirección de Fonasa, con el fin de acabar con esta anomalía administrativa.
El jefe de esa repartición gubernamental, Mahmud Aleuy, destacó la firma del convenio y explicó que con ello "se soluciona una situación que, a todas luces, era injusta y poco autoexplicativa. Finalmente las personas que acceden a pensiones de gracia podrán utilizar íntegramente esos recursos para sus necesidades más urgentes, y no para los derechos que el Estado debe garantizarle a las personas más vulnerables de nuestro país".
Por su parte, la directora nacional de Fonasa, la doctora Jeanette Vega, relevó el hecho que "volvemos a hacer justicia con nuestros asegurados que más lo necesitan. El acceso a salud es un derecho de todos y todas quienes vivimos en Chile y como tal, no debe haber impedimento ni discriminación alguna para recibir las atenciones de salud que una persona requiere".
