La ex ministra ha mantenido una postura crítica al proyecto del Ejecutivo que despenaliza el aborto en tres causales.
Aton
SANTIAGO.- A dos semanas de que el proyecto del Gobierno que despenaliza el aborto en caso de riesgo de vida de la madre, inviabilidad del feto y violación, se vote en la comisión de Salud del Senado, el equipo de la ex ministra Soledad Alvear irrumpe apuntando a que la iniciativa es derechamente inconstitucional.
Ello, en respuesta al informe publicado por "
El Mercurio", que el Gobierno encargó al abogado Gastón Gómez y que argumenta que el proyecto no contradice la Constitución. Entre otros puntos, el documento establece que el proyecto "asegura la dignidad de la mujer"y defiende su "autonomía moral" en los casos de violación.
La postura de Alvear
El abogado que trabaja con Alvear, Gonzalo García, asegura, en primer lugar, que la iniciativa del Ejecutivo "privatiza los problemas de la maternidad", ofreciéndole alternativas a la mujer que enfrenta un embarazo complejo, "pero cuyos costos debe soportar de manera privada y solitaria".
Para el grupo técnico de la ex ministra, la "indefensión" de la madre es "abiertamente inconstitucional". Además, advierte que el "discurso de preocupación de la mujer" —que invocaría quienes se manifiestan a favor de la despenalización— no sería más que "un pretexto que oculta una intención de carácter ideológico".
Asimismo, indican que la iniciativa es inconstitucional al "degradar el estatuto de seres humanos de los no nacidos hasta los nueve meses", convirtiendo al feto en un "mero objeto de protección".
En esa línea, argumentan que se "abre la puerta" para que el feto sea entendido como "objeto de valor administrable, perfectamente ponderable e instrumentalizable".
"Degradación" de los derechos del no nacido
García advierte que, la degradación de los derechos del feto es contrario a lo señalado en el Pacto de San José de Costa Rica y, en ese sentido, "absolutamente inconstitucional".
Bajo este criterio, el equipo de Soledad Alvear cuestiona el informe elaborado por Gómez apuntando a que en dicho documento "el niño no nacido no tiene un valor moral en sí mismo, sino que es un valor difuso o 'colectivo' de un valor menor que impide construir deberes en relación a la madre".
De igual modo, insiste en que el Código Sanitario permite al médico intervenir para salvar la vida de la madre, aun cuando dicha acción provoque la muerte del feto.
Por otra parte, el grupo crítico del proyecto asegura que el Gobierno busca que el aborto sea reconocido como un derecho limitado de las mujeres. Según explica, las tres causales contenidas en la iniciativa dejan de ser entendidas como "situaciones extremas que pueden obligar al Estado a renunciar al reproche penal (…) considerando que la producción de la muerte de seres humanos inocentes es legal".
Deficiencia del proyecto
Por último, García apunta a algunas materias que están tratadas "deficientemente" en la iniciativa. Critica, así, que el proyecto del Ejecutivo no contemple, por ejemplo, la exigencia de "subespecialidad"al médico que certifica el hecho fundante.
Ello, "debería ser una medida mínima frente a la complejidad del diagnóstico y al riesgo de vida de la madre y del hijo".
