Mario Quilodrán, El Mercurio (archivo)
SANTIAGO.- El fiscal vocero de la Fiscalía de Temuco, Roberto Garrido, detalló que el ente persecutor logró acreditar, junto a la confesión de José Peralino, antecedentes suficientes para enfrentar el juicio oral en contra de los once acusados por el caso de la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay.
"Luego del testimonio de ese imputado se realizaron bastantes diligencias y pasó un tiempo suficiente hasta que se pide la orden de detención para el resto de los acusados", recalcó según consigna"
El Mercurio".
El persecutor afirma que el 30 de marzo, fecha de la detención de los 11 imputados, "ya se consideraba que la investigación tenía un nivel de avance suficiente que permitía prever lo que está ocurriendo hoy" y añade que las indagatorias desde esa fecha hasta el 26 de agosto, día en que fue presentada la acusación, "consolida los elementos de convicción que fundamentan que hayan sido acusados".
Junto a la presentación de cargos, la fiscalía adjuntó 263 medios de prueba, que se subdividen en 107 pruebas materiales, 73 testigos, 51 documentos y 32 peritos.
Las pruebas materiales allegadas incluyen 84 discos compactos con intervenciones telefónicas; 15 celulares decomisados a los imputados; un pasamontañas, guantes, panfletos y un bidón incautados a la machi Francisca Linconao; una escopeta y cartuchos calibre 16 que fueron encontrados en poder de Sabino Catrilaf, y un revólver y municiones calibre 22 que ocultaba José Córdova, entre otros elementos.
"La fiscalía siempre nos dijo que no iba a ir a juicio si no tenía las pruebas suficientes para asegurar un éxito razonable", dijo Jorge Luchsinger Mckay, hijo del matrimonio asesinado en enero de 2013 durante un ataque incendiario a la granja Lumahue de Vilcún. Para él la acusación presentada por el Ministerio Público da cuenta de que "existe una convicción" de que se reunieron los antecedentes para conseguir la condena de los 11 acusados.
En la nómina de testigos se incluyen funcionarios de Carabineros, de la Policía de Investigaciones, familiares de las víctimas y personas que también han sufrido atentados y ataques incendiarios.
La fiscalía también incluyó 32 peritos, que han participado en los análisis balísticos, de armamento, químicos, eléctricos, planimétricos, fotográficos, de audio y video, dibujantes, dactilares, expertos en alcoholemia, tanatólogos, psicólogos, expertos en tráficos de llamadas y en geolocalización. Estos últimos, según la acusación, lograron ubicar en el lugar del crimen los teléfonos de José Tralcal, Luis Tralcal, Francisca Linconao y José Peralino.
Respecto de los beneficios que el Juzgado de Garantía ha concedido a tres de los acusados por el Ministerio Público, Jorge Luchsinger, dice que no le parece "razonable que un juez no se haga cargo de una de las cosas que está manifestando la parte querellante: que estas personas presentan un peligro para la sociedad" y agrega que "la ley establece los requisitos para que un juez pueda modificar una cautelar y aquí creemos que ha excedido sus atribuciones".
Precisamente, en una audiencia realizada ayer el Tribunal de Garantía de Temuco otorgó la libertad bajo fianza a Juan Segundo Tralcal Quidel, quien luego de pagar $10 millones quedará con arraigo nacional. Su defensor privado, Sebastián Saavedra, cuestionó el monto y lo consideró "demasiado alto" por tratarse de una persona que proviene "de un pueblo originario" y que "es vulnerable cultural y económicamente".
El lunes obtuvo similar beneficio Hernán Catrilaf Llaupe y el 23 de agosto el juzgado cambió la reclusión de Sergio Catrilaf por arresto domiciliario completo.
Hoy, la Corte de Apelaciones de Temuco resolverá el recurso de la fiscalía que busca revertir el beneficio de Sergio Catrilaf y el Juzgado de Garantía analizará otras cautelares. La abogada defensora de tres de los imputados, Manuela Royo, restó importancia al volumen de pruebas presentadas por la fiscalía y dijo que, en el caso de sus representados, podía acreditar que se encontraban trabajando el día que murieron los Luchsinger.
