SANTIAGO.- Con el objetivo de aportar a la descentralización del país, el Gobierno envió un proyecto de ley al Congreso para reemplazar el cargo de Intendente de una región por el de Gobernador Regional, cargo que será elegido popularmente y no designado por el Presidente.
La iniciativa, que está generando amplió debate, debe ser votado a la brevedad ya que la idea del Ejecutivo es que en la elección presidencial de 2017, la nueva autoridad regional sea elegido por votación directa.
"La administración superior de cada región reside en un gobierno regional, que tendrá por objeto el desarrollo social, cultural y económico de la región", lee el proyecto.
De aprobarse, la jerarquía de las autoridades del país no sería el mismo que el país ha tenido durante las últimas décadas. Nuevos actores con distintas atribuciones entrarían al juego. Entonces, ¿cómo estaría distribuido el poder en las regiones?
Elección popular: el Gobernador Regional
El Gobierno Regional, que hoy es presidido por un intendente, sería ahora liderado por un Gobernador Regional, quien también encabezará el consejo regional. Cada Gobierno Regional, además, gozará de personalidad jurídica de derecho público y contará con patrimonio propio.
El nuevo Gobernador Regional será elegido cada cuatro años por sufragio universal, es decir, las personas de cada región escogerán a la próxima autoridad, y no será designado por el Presidente de la República como se hace actualmente. Sólo podrá ser reelegido para el periodo siguiente.
En el diseño original del proyecto se consideraba que si ninguno de los candidatos lograba más del 50% de los votos en una primera instancia, se realizaría una segunda vuelta con las dos primeras mayorías.
Sin embargo, este martes el Gobierno anunció el ingreso de una indicación al proyecto en el candidato ganador será quien llegue al menos a un 40% de los votos. Esto, permitiría destrabar su tramitación, que se debate en el Congreso desde enero del año pasado y que el Gobierno quiere aprobar con celeridad para que durante los comicios del próximo año se elija también a la máxima autoridad regional.
Atribuciones
El proyecto, en una primera instancia, consideraba 23 competencias de la nueva figura que reemplazaría al intendente, sin embargo, la Cámara le agregó otras 51. Además, en el texto se estipula que durante los primeros 18 meses en el ejercicio del cargo, el Gobernador Regional podrá solicitar incluso más.
El texto del proyecto de ley explica que "al Gobernador Regional le corresponderá la coordinación, supervigilancia y fiscalización de los servicios públicos regionales creados por ley para el cumplimiento de las funciones administrativas que operen en la región".
Además le corresponderá presidir el consejo regional, que estará integrado por personas elegidas por votación directa y cuyo periodo será de cuatro años con posibilidad de reelección.
En tanto, para ser elegido, la persona tendrá que haber residido por al menos dos años en la región por la que postula.
Entre las responsabilidades del Gobernador Regional están la creación de políticas, planes, programas y proyectos en materias de desarrollo social, cultural y económico de la región, la elaboración del presupuesto regional y resolver los instrumentos y decisiones de planificación territorial (como planes reguladores).
Nombramiento presidencial: el Delegado Regional
A pesar de que el nuevo intendente -ahora Gobernador Regional- será elegido por votación directa, el proyecto crea otra figura que le hará contrapeso al Gobernador, una persona nombrada por el Presidente de la República: el Delegado Regional.
Éste será el representante del Ejecutivo en cada región e informará al Mandatario sobre el cumplimiento de las funciones, desempeño o eventuales faltas en las que incurran los jefes regionales, representantes ministeriales y autoridades del poder judicial.
El Delegado deberá velar por el respeto a la jurisdicción del territorio, al orden público y resguardo de las personas y bienes, aplicar administrativamente las disposiciones de la ley de Extranjería y ejercer la coordinación, fiscalización o supervigilancia de los servicios públicos que operen en la región.
Además, podrá adoptar las medidas necesarias para la adecuada administración de la región y de los complejos fronterizos y para prevenir y enfrentar situaciones de emergencia o catástrofe.
