SANTIAGO.- La fiscal de la zona metropolitana Centro-Norte, Ximena Chong, envió el expediente de la causa por eventual fraude al fisco que ella dirige en contra del Senador del PS, Fulvio Rossi, al Comité Penal del Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Según informa hoy
"El Mercurio", la idea es que esta instancia del organismo analice si hubo o no un mal uso de los fondos de asignaciones parlamentarias por parte del parlamentario y decida si existe o no mérito para querellarse contra el parlamentario.
La cause se inició en abril de este año, luego de que el diputado Hugo Gutiérrez (PC) se querellara contra de Rossi, cuestionando el supuesto uso de fondos públicos en el marco de un proyecto de la Subsecretaría de Prevención del Delito que ganó una ONG ligada a él.
Hace algunas semanas, el Senado contestó una serie de oficios enviados por Chong, en que pedía dar cuenta de una auditoría que se hizo a mediados del año pasado a las asignaciones parlamentarias de Rossi.
Asesoras
De las respuestas, según se desprende, se detectó que dos asesoras contratadas por el Congreso también prestan servicios para la fundación que se ganó el proyecto del Gobierno.
El diputado Gutiérrez -en la querella presentada por el abogado Matías Ramírez- sostiene que "Casa Abierta" -ONG vinculada al senador socialista-, para ganar el fondo concursable de Prevención del Delito, valoró en uno de los ítems como un "gasto propio" $5.040.000 del arriendo de una oficina, en circunstancias de que esta es pagada con recursos públicos de las asignaciones del Congreso.
Es así como el 26 de diciembre de 2014, a través de una resolución exenta -que está en la carpeta de investigación tras petición de la fiscalía al Gobierno-, se transfirió a la corporación "Casa Abierta" que funciona en Iquique y Alto Hospicio un total de $43.757.856, para la ejecución de un programa para acoger a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar.
Como el total del proyecto era de más de $49 millones, según los antecedentes del caso, "Casa Abierta" comprometió aportar desde su bolsillo los $5 millones por concepto de arriendo, y lo que cuestiona Gutiérrez e indaga la fiscalía es que ese dinero, que se tilda como un "recurso propio", es pagado por el propio Estado, vía asignaciones parlamentarias que Rossi recibe del Congreso.
La fiscalía y la PDI han desarrollado en las últimas semanas diligencias para dilucidar por qué hay profesionales que reciben pagos por asignaciones parlamentarias y, a la vez, cuentan con sueldos de "Casa Abierta". Lo mismo hará el CDE, que analiza si dichas conductas podrían configurar alguna afectación a las arcas del fisco.
El abogado Ramírez -representante de Gutiérrez- explicó ayer a este medio que "las diligencias solicitadas tienen por objeto determinar si los fondos destinados a los proyectos del senador Rossi fueron efectivamente utilizados en los mismos o no; muchas de las personas investigadas y ligadas a la Corporación Casa Abierta son dependientes del senador o de otros servicios públicos, por lo que se pueden presumir asesorías simuladas en los proyectos".
Defensa
Tras conocerse la querella de Gutiérrez, Rossi se defendió y aseguró que esta acción judicial se trata de una persecución política.
Según sostuvo en oportunidades anteriores, el Comité de Auditoría Parlamentaria del Congreso, a través del oficio N° 840, "fue enfático en señalar que el 'uso parcial de la oficina no implica una mayor utilización de las asignaciones parlamentarias del senador', y agrega que el 'trabajo del comité de auditoría efectuado en Iquique y Alto Hospicio no detectó el uso indebido de la oficina parlamentaria'".
Y junto con esto, lamentó el senador que se intentara dañar a "Casa Abierta", que es una institución que, según su descripción, presta apoyo psicológico, asesoría legal y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar.
