SANTIAGO.- Una sobrepoblación que alcanza al 32% en las residencias de menores detectó el Poder Judicial, luego que los jueces visitaran personalmente los hogares destinados a los niños, niñas y adolescentes necesitados de protección porque han sido vulnerados sus derechos.
Este es solo uno de los elementos que surgen del crudo "Informe nacional de visitas a hogares y residencias de protección red Sename y privados", que dio a conocer ayer el Poder Judicial y que confirma el diagnóstico generalizado de esta institución, señala "
El Mercurio".
Si bien el trabajo responde a la obligación que establece el artículo 78 de la Ley 19.968 a los jueces de familia, la actual crisis que se ha reconocido en el sistema motivó a los magistrados a crear un programa que les permita dar continuidad y evolución a sus reportes, de manera de contribuir a las soluciones con sus diagnósticos.
Escasez de expertos
Del total de 298 residencias en el país, incluyendo las de administración directa del Sename, las con subvención y las sin subvención, las manifestaciones más graves del sobrecupo se observan en Rancagua (56%), Copiapó (50%), Antofagasta y La Serena (45%), Santiago (43%), San Miguel (42%) y Arica (40%). “Lo que redunda en atención insuficiente a los niños, niñas y adolescentes”, señala el estudio.
Se consigna en las fichas revisadas la falta de prestaciones médicas en el área de salud mental para cada uno de los sujetos de protección ingresados a residencias. Asimismo, se comprueba la escasez de personal especializado para la atención de adolescentes con problemas abusivos de drogas.
En las observaciones técnicas, se constata la ausencia de programas que aborden el tiempo libre y ocio de los residentes.
Resalta un porcentaje importante de fichas que advierten la presencia de basura y desechos, lo que a juicio de los jueces "resulta insalubre y pernicioso para los residentes".
Se observa como recurrente la autogestión a fin de conseguir recursos para la mantención de la residencia, ya que resulta insuficiente el dinero entregado por el Sename.
Existe una permanente baja dotación de personal profesional y técnico, y largos períodos de vacancia en cargos importantes, como psicólogos y profesionales de área social.
En general, se advierte escasez de personal calificado para la atención de los menores, y una falta o ausencia sistemática de capacitación para los equipos de las residencias, advierte el estudio, indicando que la escasez es suplida con estudiantes en práctica.
Otro aspecto cuestionado es el largo plazo de estadía de los menores en las residencias y la escasa oferta para aquellos que tienen problemas de salud mental de orden psiquiátrico.
Una falta de coordinación con el Sename es la conclusión a la que llega el informe cuando los directores y técnicos de las residencias manifiestan que las reuniones con los supervisores técnicos del organismo son "infructuosas, poco periódicas, y que aportan poco".
En cuanto a la infraestructura, se constata un alto nivel de deterioro, e incluso en las fichas se consigna que hay dependencias no aptas para el albergue de menores.
Notable deterioro en baños y lugares comunes, ausencia de áreas verdes y recreacionales, falta de protocolos para emergencias y ausencia de seguridad, como áreas de evacuación bien señalizadas, hacen aumentar las debilidades de la red de protección, dicen los jueces.
Realidad de centros
En los nueve centros visitados en Rancagua encontraron un deterioro en la infraestructura, en los que los niños permanecen por largos períodos y que hace falta acelerar procesos de adopción.
Mientras que en Copiapó las dificultades —de las ocho residencias visitadas— son la permanencia de un mayor de edad que vulnera los derechos de los adolescentes residentes al agredirlos físicamente (hogar Tikuna), y también la falta de personal en manejo de drogas.
En Santiago, los problemas de los 46 centros supervisados son: la urgencia de contratar un médico general y un psiquiatra (en CREAD de Pudahuel), falta de seguridad y hongos en baños.
En San Miguel —que tiene 26 residencias—, urge mejorar las medidas de seguridad e infraestructura.
