Sin embargo, esta modificación es considerada por la empresa como "un trato discriminatorio y abusivo por parte del ministerio", por lo que la concesionaria decidió recurrir a la Contraloría General de la República.
"El único mecanismo contractual que permite quitar un servicio a un concesionario, es por haber registrado tres veces –en períodos móviles de seis meses- estándares por debajo de los definidos como ‘servicio crítico’, situación en la que nunca ha estado Alsacia", asegura la compañía mediante un comunicado.
"Más grave aún, el servicio que se da de baja, -claramente una expropiación sin pago- se asigna a dedo a otro concesionario cuyo contrato, ya prorrogado sin licitación en dos ocasiones, vence en 30 días más", agrega.
La empresa describe que opera ese recorrido con 28 buses cuya vida útil está prácticamente terminada. "El nuevo operador funcionará con 44 buses nuevos (compra autorizada arbitrariamente por el Ministerio a STP, mientas Alsacia lleva años solicitando autorización para comprar buses nuevos)", dice el documento.
Además asegura que "el Ministerio le autorizó a STP una extensión del servicio a su terminal, de manera de facilitar su operación. Alsacia opera este servicio en la vía pública y con 8% de kilómetros sin servicio a usuarios".
En el comunicado Alsacia describe la imposibilidad de cambiar su flota, según ellos, porque el ministerio no se lo permite. Esto ha generado una disminución de los indicadores.
"La Dirección de Transporte Público Metropolitana (DTPM) reconoció en octubre de 2015 dicha falta de flota, situación que no permite cumplir con el plan operacional que se nos exige. A lo anterior se agrega la antigüedad de nuestros buses, con casi 11 años de vida y 1 millón de kilómetros recorridos, y con el natural deterioro por el uso y el vandalismo presente en las calles", explican.
Y agregan que Alsacia solicitó al Ministro Gómez Lobo que permitiera renovar anticipadamente buena parte de la flota, mediante un contrato de provisión, sistema que permite financiar una compra de buses cuya vida útil supera el período de concesión. "Esto fue denegado por la autoridad, señalando que esta opción se reservaba solo para los buenos operadores (cuya antigüedad promedio de sus buses es de 5.5 años), sin importar que esta decisión fuera en directo perjuicio de los usuarios", añade.
