SANTIAGO.- Tras recibir una denuncia de vecinos de la comuna, el comité de fiscalización de Chile Vamos ofició este miércoles a la Contraloría para que se pronuncie si existió una eventual "utilización política del aparato público" en un convenio de cooperación suscrito por la Municipalidad de Providencia y el Ministerio de Vivienda, el pasado 15 de septiembre.
De acuerdo al documento al cual tuvo acceso Emol, los diputados de la instancia formada por los UDI, Felipe Ward y Juan Antonio Coloma y los RN, Paulina Núñez y Diego Paulsen, junto a su par y parlamentaria por el distrito Marcela Sabat, recurrieron al organismo por la suscripción de "un 'convenio de cooperación', el cual declararon (el municipio y el Minvu) que beneficiaría a más de nueve mil personas, 'y a través del cual se mejorarán redes sanitarias, bienes comunes y fachadas del Conjunto Empart, ubicado entre las calles Carlos Antúnez y Antonio Varas'".
Asimismo, en el texto se señala que el acuerdo considera "obras en 32 edificios, los cuales suman 1.945 departamentos (…) Para ello el convenio se acoge al Programa de Protección del Patrimonio Familiar del Minvu (DS N°255 de 2006) y señala el compromiso del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de entregar un monto máximo de UF 97.700 parcelado en un periodo de tres años a contar de 2017 (UF 25.000 en 2017, UF 36.500 en 2018 y UF 36.500 en 2019), estableciendo una vigencia de 6 años del convenio".
Al respecto, el diputado Ward indicó a este medio que "creemos que este acto de la municipalidad de la actual administración ha cometido una serie de irregularidades, al margen de la ley. Queremos que eso sea determinado por la Contraloría, porque parece que es un antecedente más que los vecinos tienen que tener en cuenta al momento de votar. Los convenios tienen que contar con una serie de antecedentes según lo que establece la ley, tiene que haber un proyecto, un presupuesto y en el caso del que estamos hablando no existen".
"Estaremos encima de cada municipio gobernado por la Nueva Mayoría, porque hemos visto que el intervencionismo ha llegado a tal punto que firman convenios que más adelante tendrán que modificar, con el único fin de sacarse la foto o cortar una cinta. Será la Contraloría la que determine si la suscripción del convenio responde a utilización política del aparato público", complementó la diputada Núñez.
Mientras que la diputada Sabat acotó que "queremos advertir el buen uso de los recursos públicos en Providencia, una de las comunas más ricas del país, pero que sin embargo hoy reúne múltiples quejas de los vecinos en cuanto a gestión municipal. Buscamos prevenir supuestas irregularidades por medio de este requerimiento y de otras acciones fiscalizadoras".
Cabe recordar que hace unos días, la candidata a alcaldesa de Chile Vamos por Providencia, Evelyn Matthei (UDI), denunció ante la Contraloría el intervencionismo electoral del Gobierno a favor de la alcaldesa de Providencia, Josefa Errázuriz (IND).
Cuestionamientos de los diputados
Entre sus reparos, los diputados afirman en el documento que "el convenio no representaría una obligación legal para el ministerio y ningún subsidio ha sido concursado o asignado al conjunto habitacional señalado en el convenio". A la vez que cuestionan que se comprometan recursos "para un periodo de tres años, obligando gastos que deben ser revisados anualmente y se fija un horizonte de hasta 6 años para su ejecución".
Con ello, acusan que "la suscripción, en época electoral, de convenios sin efectos directos para la ciudadanía contraría los principios de probidad y apoliticidad. Como es posible apreciar de la descripción que hace la propia Contraloría General de la República, las autoridades deben actuar de manera honesta siempre velando por el interés general antes que el particular y no pueden valerse de sus cargos ni utilizar las instituciones que dirigen para perjudicar o beneficiar a determinadas personas o partidos políticos".
Y agregan que "la suscripción de un convenio cuyos resultados están sujetos a condiciones difíciles de cumplir, que puede inducir a engaño a los potenciales beneficiarios, no constituye un actuar honesto por parte de quienes lo realizan. Es necesario, por tanto, aclarar las razones de su suscripción durante el período de campaña electoral y descartar que su contenido responda única y exclusivamente a un uso político del aparato público".
"Si no existe una explicación razonable para su suscripción no queda más que concluir que dicha conducta responde a un actuar deshonesto que tiene por único fin otorgar una ventaja ilegítima a la actual alcaldesa de Providencia, contrariando los principios de probidad administrativa y apoliticidad contemplados en nuestro ordenamiento jurídico", sostienen.
Por ello, pidieron a la Contraloría que requiera los antecedentes del acuerdo e "investigue si su suscripción responde a una utilización política del aparato público, corrigiendo o invalidando dicho convenio".
