SANTIAGO.- El autodenominado economista Rafael Garay, contactó desde la clandestinidad a un grupo de familiares y amigos luego que se conocieran antecedentes sobre las presuntas estafas que habría cometido a través de su firma Think & Co. y que bordearían los $900 millones.
¿La razón? Buscar un estudio de abogados que asuma su representación en las causas que mantiene en Santiago y Concepción y que tramitan los fiscales José Morales y Marcela Barahona, respectivamente.
Por ello, hasta ayer, eran tres los bufetes de abogados que habían sido sondeados por el ingeniero comercial a través de sus cercanos, ante una inminente formalización en ausencia y posterior solicitud de extradición.
Mientras, el paradero de Garay aún es un misterio para las policías, que ya intensificaron su búsqueda en los alrededores de Bucarest luego que se confirmara que en la dirección que entregó en el Consulado de Chile en Rumania, cuando solicitó un certificado de residencia, no se encontraba.
El viernes, el 7º Juzgado de Garantía de Santiago emitió una orden de detención en su contra tras recibir una serie de antecedentes desde el Ministerio Público que dan cuenta de supuestos fraudes y engaños para poder concretarlos, entre ellos, la ausencia de datos médicos que acrediten el supuesto cáncer que padece y la inexistencia de cuentas bancarias en el extranjero donde mantendría el dinero de sus inversionistas.
Rafael Garay abandonó el país el pasado 4 de septiembre, fingiendo viajar a Francia para tratar su enfermedad. Su regreso estaba programado para el día 15, sin embargo, ello nunca ocurrió, lo que alertó a su familia para suponer una presunta desgracia.
El caso dio un rápido vuelco y el ingeniero cambió, en dos días, su condición de desaparecido a prófugo, al difundirse una alerta roja internacional para poder lograr su captura.
En este escenario, el supuesto economista decidió reaparecer y tomar contacto con amigos para buscar asesoría legal y enfrentar a la justicia.
