Alex Moreno, El Mercurio (archivo)
SANTIAGO.- "Nosotros no hacemos compras que no estén de acuerdo a la legalidad vigente". Así, de manera tajante, la directora de Fondo Nacional de Salud (Fonasa), Jeanette Vega, respondió a la denuncia hecha por los parlamentarios Juan Luis Castro (PS) y Karla Rubilar (independiente), y el ex ministro de la cartera Jaime Mañalich, respecto de que se estaría favoreciendo la derivación de pacientes del sector público a la Clínica Ensenada.
Según señala "
El Mercurio", las críticas apuntan a que ese establecimiento es el que más personas trasladadas desde hospitales ha recibido durante el último año (casi medio millón, entre enero y julio de 2016, por cerca de $1.900 millones), pese a que no cuenta con acreditación de calidad.
La directora de Fonasa aseguró que "todas las clínicas que trabajan con nosotros lo hacen a través de la licitación que nosotros hacemos", y aseveró que esta “cumple con todos los requisitos".
Vega señaló que Ensenada es el prestador privado que ha recibido más pacientes trasladados, porque “es de los tres que tiene mejores precios”, y recalcó que quien realiza las derivaciones no es el seguro público, sino la Unidad de Gestión Centralizada de Camas del Ministerio de Salud.
Fue la misma respuesta que entregó la clínica a través de una declaración pública, en la cual sostuvo que "todas las camas solicitadas por Fonasa a Clínica Ensenada han sido contratadas bajo esta licitación, las cuales han sido gestionadas por una unidad especializada para este fin (UGCC) y la Contraloría General de la República tomó razón en septiembre de 2015".
Eso sí, el jefe de la División de Gestión de Redes Asistenciales del ministerio, Jorge Lastra, dijo que si bien ellos realizan la gestión para derivar a los pacientes, "se hace de acuerdo a un ranking que entrega Fonasa, hecho de acuerdo a precio y calidad".
Otro punto que se critica es que ligado a la clínica figura Pablo Rodríguez, ex presidente del Colegio Médico y cercano al PPD, el mismo partido en el que milita la directora de Fonasa.
Al respecto, Vega sostuvo: "Me parece que es una acusación que no tiene ningún asidero. Es una acusación injusta y artera".
Agregó que "no conozco personalmente a Pablo Rodríguez, excepto que él fue presidente del Colegio Médico y lo conozco por el diario".
La clínica señaló que "este profesional (Rodríguez), de vasta trayectoria, es el asesor encargado de implementar un proyecto de telemedicina que la clínica desarrolla en las ciudades de Illapel y Salamanca".
Calidad cuestionada
Clínica Ensenada no tiene la acreditación de calidad que se exige desde julio a los prestadores que dan atenciones de alta complejidad incluidas en el plan AUGE, pero la Superintendencia de Salud le otorgó una excepción para que pueda atender esos casos, así como se les ha entregado a otros establecimientos.
El centro asistencial sí tiene resolución sanitaria, requisito mínimo para que pueda funcionar.
"En esta se establecen requisitos de infraestructura, equipamiento y recursos humanos", explicó Lastra, quien dijo que "no me puedo referir a la calidad de la clínica porque yo personalmente no he hecho una supervisión. Pero es una clínica que nos resuelve la disponibilidad de cupos de camas críticas, como tantas otras".
Pero para el presidente del Colegio Médico, Enrique Paris, eso no es suficiente: "No puede ser que el Estado esté entregando recursos a una clínica que no está acreditada y que funciona en un strip center", apuntó.
El médico añadió que "es una situación que me indigna, porque se les exige calidad a unos y a otros no", y afirmó que le hizo ver su preocupación al superintendente de Salud, Sebastián Pavlovic: "Le mandé un mensaje diciéndole que me parecía el colmo que una clínica que no está acreditada reciba dineros del Estado. ¿Saben lo que me contestó? '¿Qué tiene contra el strip center?'".
En tanto, el presidente de la agrupación gremial Clínicas de Chile, Alfredo Schönherr, aseguró que “no hay razones para no creerle a la directora de Fonasa” sobre la legalidad de las compras a Ensenada.
De todas formas, advirtió que más allá de esta polémica, "es indispensable comenzar con un estudio exhaustivo y detallado que nos permita conocer el verdadero costo de las prestaciones en el sector público. ¿Por qué? Porque el Estado se sentirá confiado y seguro de que lo que paga en el sector privado es igual o menor que lo que a él le costaría dar esa misma atención".
