SANTIAGO.- Los cuatro periodistas de la revista Qué Pasa contra quienes la Presidenta de la República se querelló en mayo pasado por injurias, agradecieron la decisión de la Mandataria al desistirse de la acción penal que pesaba en su contra, pero insistieron en que su actuar al publicar información que vinculaba a la jefa de Estado en el caso Caval -donde su nuera Natalia Compagnon está imputada- fue correcta.
A través de un comunicado, Francisco Aravena, Juan Pablo Larraín, María José Tapia y Rodrigo Vergara, enfatizando que "al desistirse de esa acción judicial, en la que solicitaba tres años y un día de cárcel para cuatro periodistas por ejercer su trabajo (recolectar información, seleccionarla y publicarla), la Presidenta de la República se ha mostrado receptiva a la petición de todos los organismos nacionales e internacionales que condenaron tal acción judicial".
En la misiva, sin embargo, los profesionales acusaron haber sido objeto de las constantes "declaraciones injuriosas del abogado de la señora Presidenta, Juan Pablo Hermosilla", durante los cuatro meses que siguieron a la presentación de la acción penal, mencionando que en sus declaraciones a la prensa "nos ha calificado de complotadores, censuradores y censurados (dependiendo del día), denostando nuestra calidad profesional y reputación con una ligereza de juicios que llama la atención en alguien de su trayectoria".
"Aunque la falsedad e incoherencia de sus acusaciones en muchos casos resultaba evidente, queremos manifestar nuestro total rechazo a un modo de actuar que a menudo rayó en el matonaje", agregaron, cuestionando -además- "la calidad y méritos del texto de la querella".
Por último, recalcaron que "las acusaciones vertidas en ese texto no se sostendrían en un tribunal", puntualizando que "afortunadamente para él (Hermosilla), la Presidenta de la República le ahorró la molestia".
La declaración de los periodistas ocurre luego que Bachelet anunciara esta mañana su decisión de desistirse de la querella tras conocerse que la revista fue sancionada por el Consejo de Ética de los medios de comunicación, por considerar que faltó a la ética al difundir las transcripciones de las escuchas telefónicas del ex operador político Juan Díaz, donde vinculaba a la Mandataria en el caso Caval, y cuya veracidad no había sido establecida por la Fiscalía.
Asimismo, consideró que no se dio espacio para la contraparte e instó a todos los medios a contrastar la información obtenida producto de su trabajo periodístico, así como también dar posibilidad a los aludidos a exponer su versión y así, resguardar su derecho a la presunción de inocencia.
