SANTIAGO.- La Fiscalía formalizó este lunes a la empresa Corpesca en el marco de la investigación por presunto financiamiento irregular de actividades políticas, que ahora dirige el fiscal regional del Biobío, Julio Contardo, tras la salida de su par de O´Higgins, Emiliano Arias, quien está siendo sumariado por supuestas filtraciones del caso.
En la instancia, el Ministerio Público le comunicó al representante legal y gerente general de la pesquera, Arturo Natho Gamboa, que es investigado por la supuesta responsabilidad que le cabría a la firma -de propiedad del Grupo Angelini- al no contar con mecanismos para impedir eventuales sobornos a políticos.
Específicamente respecto a los contratos al margen de la ley que habría realizado el ex gerente general de la compañía, Francisco Mujica con el desaforado senador Jaime Orpis y la ex diputada Marta Isasi, todos imputados en la causa.
De acuerdo a la investigación fiscal, Corpesca tendría responsabilidad en los supuestos actos de soborno presuntamente cometidos entre diciembre de 2009 y mayo de 2013, ya que de acuerdo a los antecedentes reunidos, la pesquera habría contactado a legisladores para que estuvieran a disposición de sus ejecutivos y representaran los intereses de la firma en el Congreso.
Ello, a cambio de beneficios económicos, infringiendo de esta manera los deberes propios de su cargo, como habría ocurrido en el caso de Orpis e Isasi.
Para realizar estas imputaciones, la ley establece que debe haberse perseguido penalmente primero, a la persona natural implicada en los hechos, lo que se cumple en este caso con la investigación que lleva el Ministerio Público en contra Mujica.
Las sanciones que contempla la Ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, en tanto, van desde multas hasta la disolución de la personalidad jurídica y la prohibición de celebrar contratos con el Estado.
También puede conllevar la pérdida total o parcial de beneficios fiscales, o la prohibición absoluta de recepción de los mismos por un período determinado, además de una multa a beneficio fiscal.
