COPIAPÓ.- Destinar todos los recursos a las víctimas. Ese fue el desafío que hace un año, luego de ser designado por el Senado como nueva autoridad del Ministerio Público, se puso por delante el fiscal nacional Jorge Abbott Charme, tras suceder a Sabas Chahuán.
Para ello, el abogado de 69 años, que anteriormente se desempeñó como director ejecutivo de la institución, reordenó los dineros y eliminó todos aquellos gastos que no fueran de primera necesidad.
La primera señal que evidenció su pretensión, fue la orden de eliminar la máquina de café ubicada en la oficina de su gabinete. Allí, durante la administración de Chahuán, el dispensador estuvo a disposición de todos los empleados que aparecieran en el lugar, sin embargo, tras el cambio de mando, la máquina debió ser enviada a las bodegas del Ministerio Público.
Otra drástica determinación de Abbott una vez al mando del Ministerio Público, fue mantener el vehículo designado para uso del fiscal nacional y que debía ser renovado este año.
Según cuentan cercanos al abogado, ello no ocurrió debido a que “el jefe” consideró que el automóvil aún podía funcionar sin problemas y no era necesario invertir, por ahora, en recursos para dicho fin.
También prescindió durante los fines de semanas del equipo de seguridad que a diario lo escolta, como está establecido en el protocolo, e incluso, cada viernes, una vez terminada su jornada laboral, Jorge Abbott viaja en su auto particular hasta su casa en Olmué. Y lo hace sin chofer.
En la misma línea, disminuyó los gastos de banquetería, y sin eliminarlos, se optó por reemplazar los sendos cócteles que en la mayoría de los eventos solía ofrecer la institución, por degustaciones más austeras y apegadas a la nueva política del Ministerio Público.
Diferencias y descontento
La dirección de Jorge Abbott, sin embargo, también ha estado marcada por las diferencias que mantiene con un grupo de fiscales regionales, quienes no comparten algunas de las directrices de su administración, caracterizada por el trabajo en terreno que ha incluido la visita a fiscalías locales de 13 de las 15 regiones del país en un año.
Lo anterior, sumado a la decisión de sumariar a Emiliano Arias por supuestas filtraciones en una entrevista al diario La Tercera, donde habría entregado antecedentes del caso Corpesca, infringiendo, de esta manera, el artículo 64 de la ley orgánica institucional que prohíbe entregar detalles de las investigaciones en curso.
Esto último fue tema obligado en el último consejo de fiscales que se realizó este martes y miércoles en Copiapó, instancia en la que –además- se reencontraron Abbott, Arias y Andrés Montes –a cargo la investigación administrativa contra su par de O´Higgins- en un escenario tenso y distante entre ellos.
Y si bien en la reunión trimestral la mayoría expresó su interés en que el caso se resuelva pronto, debido a los cuestionamientos que ello ha generado a la institución, coincidieron en que la acción presentada por Arias contra su superior –al recurrir a la Corte de Apelaciones por considerar que se vulneraron sus garantías constitucionales- no fue la manera para protestar ante la medida adoptada por Abbott.
Por último, durante su primer año al mando del organismo persecutor penal, Abbott debió dar varias peleas sin éxito, pero que marcaron los lineamientos de su administración y su posición frente a los órganos del Estado que, según ha expresado en varias oportunidades, han tenido una discrecionalidad para querellarse, como es el caso del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Fiscalía Nacional Económica.
