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Abbott ordena investigar penalmente filtraciones del caso Corpesca tras sobreseer administrativamente a Arias

De acuerdo a la resolución del sumario contra el jefe regional de O´Higgins, a la que accedió Emol, la indagatoria estará en manos del fiscal regional Centro Norte, Andrés Montes.

07 de Octubre de 2016 | 16:58 | Por Andrea González Schmessane, Emol
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El Mercurio (Archivo)
SANTIAGO.- El fiscal nacional Jorge Abbott, ordenó el inicio de una investigación penal contra todos quienes resulten responsables de las presuntas filtraciones de antecedentes del denominado caso Corpesca, que ahora dirige el fiscal regional del Biobío, Julio Contardo.

Así se detalla en la resolución de la máxima autoridad del Ministerio Público -a la que accedió Emol- respecto al sumario contra jefe regional de O´Higgins, Emiliano Arias, quien fue sobreseído luego de enfrentar una investigación administrativa al respecto.

De acuerdo al documento, en la indagatoria interna que llevó adelante el fiscal regional Centro Norte, Andrés Montes, se reunieron antecedentes que permiten presumir que existió "una divulgación indebida de información sujeta a reserva", previo a la entrevista que Arias entregó al diario La Tercera -difundida el día 15 de agosto- y por tanto, "se debe establecer si algún funcionario o empleado público ha cometido el delito que se encuentra previsto en el artículo 246 del Código Penal".

Ello, porque no es posible determinar que la información sobre nuevas aristas de investigación en el caso, que involucra a siete pesqueras de la Región del Biobío -publicada por el mismo medio dos días antes- haya sido entregada por el fiscal sumariado.

La causa penal, en tanto, será asumida también por el fiscal Montes, ya que -según detalla Abbott en su resolución- "éste ya se encuentra investigando materias referidas a filtraciones de diversas causas penales de connotación pública", como es el caso contra el ex ministro Jorge Insunza, donde también existe una investigación penal por la filtración de su declaración como imputado.

La decisión del fiscal nacional fue adoptada luego que Andrés Montes, en las conclusiones del sumario, propusiera perseguir penalmente a quienes resulten responsables de "la divulgación indebida de información sujeta a reserva".
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