SANTIAGO.- En medio de la batahola surgida por los cambios de domicilio que afectarían a unas 485 mil personas, las que no podrán votar en las próximas elecciones municipales, Renovación Nacional (RN) presentó una denuncia ante la Fiscalía por la grave situación.
Según informa hoy
El Mercurio, a presentación fue realizada por el diputado Nicolás Monckeberg, quien invocó el artículo 56 de la ley de inscripciones electorales y apuntó a una eventual negligencia en los errores del padrón electoral.
La idea es que el Ministerio Público inicie una investigación, identifique a los responsables y "los formalice en su caso".
La figura legal tiene una pena de prisión de su grado máximo, a la que podría sumarse un eventual dolo, que contempla presidio menor en su grado mínimo, una multa de una a tres UTM e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.
La solicitud se funda en las informaciones que se han conocido durante la última semana sobre los cambios involuntarios de domicilio electoral, que han dado cuenta de que el Registro Civil estaba en conocimiento de las inconsistencias. De hecho, dos auditorías de Deloitte y KPMG alertaron al Servel sobre las fallas en julio de este año.
En la denuncia se señala que el organismo enviaba al Servel el total de "trámites" de renovación de cédula de identidad y pasaporte, "incumpliendo lo expresamente prescrito en los artículos 23 y 24 de la Ley N° 18.556 sobre sistema de inscripciones electorales y servicio electoral".
"Llama la atención que el Sr. director del Registro Civil e Identificación señale que estos antecedentes fueron puestos en conocimiento solo del Servel, pero no de la Contraloría, a fin de que se investiguen los hechos y se descarten eventuales responsabilidades", acusan en el documento.
Finalmente, Monckeberg hace referencia a los dos requerimientos presentados por él el pasado 6 de octubre ante la Contraloría y el CDE, en que pidió establecer la eventual comisión de ilícitos penales.
Desde la UDI, el jefe de bancada, Juan Antonio Coloma, anunció que presentarán una comisión investigadora para que en un plazo de sesenta días se esclarezcan los hechos, "caiga quien caiga".
Además, llamó a la Presidenta Michelle Bachelet a hacerse cargo del tema personalmente, y pidió "la renuncia inmediata" del director del Registro Civil, Luis Acevedo. De lo contrario -dijo-, "que sea la ministra de Justicia quien asuma la responsabilidad sobre este atentado a la democracia que no tiene precedente en nuestra historia electoral".
