El Mercurio (Archivo)
SANTIAGO.- La defensa de la Revista Qué Pasa solicitó al tribunal que se regule el pago de las costas luego que el 2° Juzgado de Garantía de Santiago condenara a la Presidenta Michelle Bachelet -como persona natural- a asumir los gastos del proceso tras desistirse de la querella por injurias presentada en contra cuatro periodistas del medio de comunicación.
Específicamente, los querellados -representados por los abogados Francisco Cox y Pablo Gómez- solicitan que se fije el monto total que deberá desembolsar la Mandataria, quien acusó a la publicación de actuar de manera injuriosa en su contra al difundir la transcripción de escuchas telefónicas que la vinculaban al denominado caso Caval, donde su nuera Natalia Compagnon tiene calidad de imputada.
Lo anterior, porque según estiman los recurrentes, a pesar que no realizó el juicio oral "dado que nuestros representados no tenían voluntad de dar ninguna explicación ni mucho menos, darle disculpas a la Primera Mandataria", igualmente se realizaron "todas las acciones de preparación para ir a debatir en un juicio", lo que significó su contratación para asumir la defensa de los profesionales, y la realización de peritajes.
Estos último -de acuerdo al escrito ingresado la semana pasada al tribunal- incluye los servicios de un perito informático, la reunión con el relator de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -a fin de buscar amparo internacional- y la revisión, entre otras diligencias, de dos informes de las comisiones investigadoras del caso Caval.
Todo lo anterior significó un costo que, según la resolución del juez de garantía César Orellana, deberá asumir la querellante Michelle Bachelet.
Ahora, será el tribunal el que resuelva si programa una audiencia para debatir las costas que generó la tramitación de la presentación de la jefa de Estado o bien, notifica a las partes sobre su resolución sin instancia previa.
La Mandataria decidió querellarse tras la información publicada en mayo pasado donde se reproducen supuestos audios del ex operador político Juan Díaz, en los cuales éste menciona que Bachelet recibiría mil millones de pesos por el negocio que concretaría la firma en la venta de terrenos en Machalí.
La acción penal, sin embargo, fue retirada cuatro meses después, luego que el Consejo de los Medios de Comunicación sancionara a la revista por considerar que se faltó a la ética, y el fallo fuera calificado como "contundente" por los querellantes.
