SANTIAGO: Presuntas infracciones a la Ley Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones electorales y Servicio Electoral (N° 18.556) es lo que actualmente persigue la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, tras iniciar una causa penal por los errores detectados en la administración del padrón electoral.
Dichas infracciones configurarían la conducta típica descrita en el artículo 56 inciso 1° de dicha Ley, que sanciona a quienes "por negligencia extraviare documentos, solicitudes de cambio de domicilio electoral, solicitudes de acreditación de avecindamiento o destruyera información computacional que contenga antecedentes del Registro Electoral o del Padrón Electoral y de los Padrones de Mesas Receptoras de Sufragios".
La figura legal tiene una pena de prisión de su grado máximo, sin embargo, si en la desaparición de estos efectos mediare dolo, los autores del hecho sufrirán la pena de presidio menor en su grado mínimo, una multa de una a tres UTM e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos y oficios públicos.
Para lograr establecer si existen antecedentes que pudiesen constituir delito, la fiscal de Delitos de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, encargó las primeras diligencias y hoy interrogó en calidad de testigo, al director del Registro Civil, Luis Avecedo.
Los errores en el padrón electoral apuntan a la situación que afecta a más de 463 mil chilenos, que fueron cambiados arbitrariamente de sus domicilio electorales por lo que no podrán votar en sus comuna.
Tanto el Servicio Electoral (Servel) y el Registro Civil han asegurado que el error no se originó en sus servicios, situación que finalmente deberá ser dilucidado por el Ministerio Público tras su investigación.
Ayer, en tanto, la Fiscalía remitió los antecedentes del caso al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que estudie si se hará parte o no de la causa, y de esta manera, eventuales querellas contra quienes resulten responsables de los hechos.
