El fiscal regional metropolitano Centro Norte, Andrés Montes.
El Mercurio (Archivo)
SANTIAGO.- El fiscal regional metropolitano Centro Norte, Andrés Montes, se refirió este viernes a las diligencias que se han llevado a cabo en la causa por irregularidades en pensiones de Gendarmería, enfatizando que la incautación de computadores que ayer se realizó en el Ministerio de Justicia, que incluyó el equipo de la ex ministra Javiera Blanco, responde a la obligación del Ministerio Público "de preservar siempre la evidencia".
"Cuando hay cambio de autoridades, muchas veces se procede a resetear los computadores o a reasignarlos a otras personas", detalló, aclarando que lo que se buscó con el procedimiento "es tener disponible esa información en caso que sea necesario en el futuro de la investigación".
Asimismo, agregó que "cada vez que ha habido cambio de autoridades -en estas y otras investigaciones- lo que se ha hecho es solicitar el respaldo del computador respectivo con el objeto de, si el día de mañana se requiere la información, ésta esté disponible para los fines de la investigación".
En la misma línea, descartó que la diligencia tenga relación con una presunta imputación a la ex secretaria de Estado, reiterando que "se le ha pedido la entrega del computador en forma voluntaria con el objeto de que si es necesario contar con esa información, esté disponible".
En ese escenario, Montes puntualizó que no se descarta que Blanco sea requerida para prestar declaración en caso que la fiscal Tania Sironvalle, a cargo del caso, resuelva hacerlo.
"La fiscal tiene que ir definiendo cuáles son las diligencias necesarias y adecuadas para continuar con la indagatoria y siempre va a estar la posibilidad de citar a todas las personas que puedan estar vinculadas al el hecho", concluyó.
La causa de la fiscal Sironvalle persigue presuntos delitos de fraude al fisco y una eventual malversación de fondos en las millonarias pensiones que recibieron funcionarios de Gendarmería de Chile, entre ellos, Myriam Olate, esposa del diputado PS Osvaldo Andrade.
Esta se inició en julio pasado tras la primera querella interpuesta en contra de Olate por recibir una pensión que superaría las UF $60 fijadas por Contraloría como tope para la institución.
A comienzos de octubre, en tanto, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló contra todos quienes resulten responsables de los hechos.
