SANTIAGO.- El fiscal regional de O´Higgins, Emiliano Arias, fue notificado el martes recién pasado sobre su absolución tras el sumario administrativo en su contra por presuntas filtraciones de antecedentes de la investigación del caso Corpesca, que le valió la salida de la causa.
Y si bien hasta entonces no ha querido referirse en concreto a la indagatoria, sí enfatizó que continuará con sus labores al mando de la Fiscalía Regional de O´Higgins, que lleva adelante causas de alta complejidad y connotación pública como el denominado caso Caval, donde la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compagnon, tiene calidad de imputada.
"Seguiré dedicado a mis investigaciones como siempre", dijo a El Mercurio el jefe regional, siguiendo la línea que ha mantenido desde que se inició la investigación en su contra, respecto a no entregar declaraciones sobre la decisión del fiscal nacional Jorge Abbott.
El sumario iniciado contra Arias concluyó que el abogado no infringió la reserva del denominado caso Corpesca en una entrevista al diario La Tercera.
Según estableció su par de la zona Centro Norte, Andrés Montes -a cargo de la indagatoria- si bien Arias "fue imprudente" y su actuar "inadecuado", no cometió una infracción al artículo 64 de la Ley Orgánica que señala que "los fiscales deberán abstenerse de emitir opiniones y dar a conocer antecedentes de investigaciones a su cargo a terceros ajenos a la investigación, fuera de los casos previstos en la ley o en las instrucciones impartidas por el fiscal nacional".
Por ello, resolvió no levantar cargos en su contra, lo que fue ratificado por el fiscal nacional Jorge Abbott, tras revisar las conclusiones que le fueron entregadas tras casi dos meses de indagatorias.
De esta manera, el jefe regional de O´Higgins fue sobreseído y no será sancionado respecto a su dichos al medio de comunicación, donde aseguró que las aristas de su investigación podrían "involucrar a otras empresas -además de la del grupo Angelini- en casos de financiamiento irregular a la política", y afirmó que "La Ley de Pesca es una ley en cuya formación se cometieron delitos" y que en el proceso de su formación hay corrupción.
El inicio de un sumario en su contra generó que el fiscal decidiera presentar un recurso de protección contra su superior por estimar que fue una acción ilegal y arbitraria.
La acción penal, además, fue declarada inadmisible por el tribunal de alzada, lo que fue confirmado por la Corte Suprema.
