SANTIAGO.- Un requerimiento de asistencia internacional a Suiza tramita la División de Asuntos Internacionales de la Corte Suprema para conseguir que se decrete la retención de US$ 1.559.160 en siete cuentas bancarias cuyo titular sea el dueño de Grupo Arcano, Alberto Chang; su madre, Verónica Rajii, o alguna de sus sociedades.
La jueza de garantía, Andrea Díaz-Muñoz, quien autorizó la diligencia, detalló al máximo tribunal en 61 páginas los antecedentes que fundan la solicitud, señala El Mercurio.
Entre ellos, invoca la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, adoptada en Nassau, Bahamas, y el protocolo facultativo relativo a la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, suscrito en Managua.
Posteriormente, hace un relato de los hechos por los que se investiga criminalmente a Chang y refiere que este se encuentra actualmente formalizado en ausencia por los delitos de estafas reiteradas, usurpación de giro bancario, infracción a la Ley de Mercado de Valores y lavado de dinero.
Además, existe un proceso de extradición en curso porque el imputado abandonó el país en marzo pasado, y desde entonces reside en Malta, sin aparentes intenciones de retornar a Chile.
Según el requerimiento, "las empresas de los imputados se encuentran con sus oficinas cerradas, sin sus dependientes, desconociéndose el destino de los dineros recaudados, que alcanzan cerca de 100 millones de dólares", y "con fecha 4 de abril de 2016 renunció la plana gerencial de las empresas del Grupo Arcano, a excepción de los dos imputados".
El negocio de Chang —describe— era captar clientes a fin de obtener recursos para una supuesta inversión en otros activos, prometiéndoles a los inversionistas una rentabilidad asegurada, pero ello no se concretó en su totalidad, "generándoles el consiguiente perjuicio a las víctimas que no han podido rescatar sus dineros", se lee en el texto.
Estas cuentas extranjeras, situadas en el Banco UBS Switzerland AG, Suiza, que se requiere congelar (ver recuadro), fueron detectadas a pesar de las "conductas de ocultamiento desplegadas por el imputado Chang", entre las que se incluye "la utilización de empresas o, en general, estructuras jurídicas, con el objeto de ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes, además de la utilización de cuentas bancarias en el extranjero; esto es, la utilización de empresas para que estas aparezcan como titulares de las operaciones bancarias o comerciales que en definitiva dan una apariencia de legalidad a los dineros o bienes, (...) destinándose el dinero no a las finalidades propias de la empresa, sino que al beneficio o lucro personal de las personas naturales", describe la petición judicial.
También la jueza Díaz-Muñoz advierte que la solicitud de asistencia internacional tiene por finalidad "concretar medidas cautelares reales sobre bienes del imputado para asegurar los fines del procedimiento, ya decretadas en esta causa, para asegurar el pago de la eventual indemnización o la devolución de los dineros defraudados, según puede decretarse al resolver la cuestión civil que se ejerza dentro del proceso penal".
