SANTIAGO.- "En un comienzo de esta investigación se consideró la existencia de un delito de apropiación indebida, pero posteriormente no se ha encontrado ninguna inversión o actividad que haya realizado el imputado con los dineros recibidos, por lo que se considera que la actuación del imputado estuvo movida desde un inicio por el ánimo de engañar a las víctimas y apropiarse del dinero entregado".
Ese es el principal argumento que el fiscal de delitos de alta complejidad centro norte, José Morales, sostuvo para establecer que los actos que habría realizado el autodenominado economista, Rafael Garay, pueden ser constitutivos sólo del delito de estafa, y por tanto, el principio de ejecución habría sido en su departamento ubicado en la calle Bellavista N° 185, oficina 1608, en la comuna de Recoleta.
Por ello, ayer solicitó al 7° Juzgado de Garantía de Santiago su incompetencia por estimar que es otro el tribunal al que le corresponde conocer los hechos por los cuales se persigue al ingeniero, actualmente en Rumania.
"Esta intención inicial de estafar se demuestra con el análisis de las cuentas corrientes de la empresa (Think &y Co.) y el hecho que el imputado realizó diversos traspasos de fondos desde sus cuentas y pago de cheques que le significó pasar de un saldo de $ 167.630.098 al 31 de Diciembre del 2015 a $ 236.536 el 31 de Agosto del 2016. Posteriormente, el 1 de septiembre, traspasa $235.000 a otra de sus cuentas hasta quedar en el saldo de $ 2.536", agrega en requerimiento, que sostiene que "no se han encontrado en el análisis de estas cuentas la realización de ningún tipo de inversiones a través propia, ni a través de esta falsa sociedad de asesoría de inversiones que promovía Garay Pita".
Dichos argumentos fueron aceptados por el tribunal, que posteriormente remitió todos los antecedentes del caso al 3° Juzgado de Garantía de Santiago, donde desde ayer está radicada la causa.
La investigación que lleva adelante el fiscal Morales ha establecido que Garay habría engañado a 36 víctimas por un monto -hasta ahora- de $ 1.784.237.102.
De acuerdo a los datos reunidos, estas personas suscribieron contrato de asesoría con la empresa cuyo representante legal es el ingeniero.
En el marco de ese contrato, según el Ministerio Público, entregaron su dinero al supuesto economista bajo la figura de un contrato de honorarios en que Think & Co. se encargaría de administrar este dinero comprometiéndose a una rentabilidad mínima anual de 18% nominal en pesos, libre de impuestos y antes de comisión.
Como resultado de esta gestión, la firma en cuestión cobraría una rentabilidad anual de 7% sobre la utilidad acumulada en el periodo.
El imputado, sin embargo, en el mes de julio, anunció la liquidación de este negocio, pero no realizó la devolución a las víctimas de los montos comprometidos, huyendo del país el 4 de septiembre simulando viajar a Francia para someterse a un tratamiento médico por el cáncer que dijo padecer.
