SANTIAGO.- Una carta en la que denuncia una notoria “desatención” hacia el Poder Judicial fue enviada en las últimas horas por el pleno de la Corte Suprema a la Presidenta Michelle Bachelet.
Según informa hoy
El Mercurio, la misiva fue firmada por el presidente del máximo tribunal Hugo Dolmestch y en ella también se destaca que ese poder del Estado, no genera problemas al Ejecutivo.
"Lamentamos la desatención hacia un poder del Estado que en sus políticas de gestión y ejecución no genera problemas para el Ejecutivo; por el contrario, se hacen esfuerzos para asumir la tarea con responsabilidad, desarrollando los proyectos en la mayor medida que nos es posible, controlando su eficiencia y eficacia, pero al mismo tiempo la ética y probidad".
El tema fue conversado entre la Mandataria y el ministro Dolmestch en un encuentro que hubo en La Moneda el miércoles 2 de noviembre, en donde se le entregó un estudio de género del Poder Judicial.
Retiro de proyectos
En la misiva de cinco páginas, a la que accedió "El Mercurio", además se cuestiona que distintos proyectos que contaron con la aprobación de ex ministros de Hacienda, Interior, Segegob y Justicia de este gobierno fueran posteriormente retirados.
Entre ellos, el programa de 100 medidas en beneficio del Poder Judicial , cuyo financiamiento se asumió.
Además, lamentan que "no pudiera desarrollarse con mayor celeridad" la regularización del traspaso al Poder Judicial de 321 propiedades que continúan a nombre del Ministerio de Bienes Nacionales; que los temas de incumplimiento por parte de la concesionaria del Centro de Justicia de Santiago no sean asumidos por el Ministerio de Obras Públicas y "se justifiquen o no se investiguen tales hechos", y que "no se ponga remedio al traspaso de fondos al presupuesto asignado al Poder Judicial destinados a pagar un compromiso adquirido por el Ejecutivo respecto de la misma concesionaria y por un servicio que merece serias críticas".
En la carta, se cuestiona que el Ministerio de Hacienda se haya negado a suplementar el presupuesto 2016 en lo que respecta a inversiones de infraestructura de $25 millones; por lo que no se pudo concretar proyectos como los Centros de Justicia de Tomé, Los Ángeles, Puente Alto, Ancud, La Serena, entre otros.
"El espíritu de colaboración en referencia y el trabajo mutuo no se ha mantenido el presente año, tanto es así que el proyecto aludido que crea 110 jueces en distintos tribunales de primera instancia del país no ha continuado con la tramitación en el Parlamento, no obstante estar dispuesto su financiamiento en tres etapas, la primera de las cuales comenzaría el presente año", sostiene.
Congelamiento de sueldos
Otro de los cuestionamientos que se plantean en la misiva se refieren al congelamiento de las remuneraciones de los jueces.
"El tratamiento diferenciado de la política de remuneraciones para el Poder Judicial ha sido constante, circunstancia que lejos de beneficiar a los funcionarios, profesionales y jueces que lo integran, en una perspectiva de largo plazo ha importado una demanda siempre diferida, con beneficios ampliamente discutidos y siempre menores que otros sectores, circunstancias que tienen explicación en la ponderación y mesura en la conducción de las demandas salariales", señala la misiva.
Esto, porque el año pasado no aplicó el factor de desvalorización monetaria de altos cargos de la administración al Parlamento y Poder Judicial, específicamente a ministros y fiscal de la Corte Suprema, magistrados de las cortes de Apelaciones y jueces.
"Esta determinación no es exactamente solo un tema de recursos, tampoco es un problema técnico, se trata al parecer más bien de una determinación política, puesto que los recursos necesarios para el pago de sueldos fueron incorporados al presupuesto del Poder Judicial", se señala.
Los supremos manifiestan su preocupación de que este criterio del reajuste se extienda en el futuro. "Es cierto que hoy tenemos sueldos dignos que han traído no solo satisfacción a nuestros funcionarios, sino que la posibilidad de mejorar ostensiblemente la calidad de la justicia", pero sostienen que la reducción material de la renta, la que se congela al no actualizarse, "afecta seriamente la carrera judicial, desde que las diferencias de escalafón se estrechan, desincentivando los concursos y deseos por ascender".
"Vemos con especial preocupación la idea de rebajar la base no reajustable, además de mantener el hecho de considerar la asignación de zona como parte del sueldo para estos efectos, por lo que sin perjuicio de considerar que debemos ser eximidos de esta contribución, al menos debió y deberá tenerse en cuenta lo antes dicho y con su mérito mantener el piso o base del año anterior", dicen.
La misiva concluye con que es de utilidad que el Ejecutivo entregue su visión respecto de anteproyectos que están en manos de Justicia como: la supresión de abogados integrantes; reasignación de competencias del Ministerio Público Judicial en el control disciplinario al interior del Poder Judicial; el régimen de calificaciones; la creación de la Tercera Corte de Apelaciones de Santiago y especialización de salas; que se defina el camino de la Reforma Civil y rol que tendrá la Corte Suprema, además de la unificación de procedimientos contencioso administrativo.
