Felipe Ignacio González, El Mercurio
SANTIAGO.- En 163% aumentaron las denuncias por torturas, genocidio, malos tratos y delitos de lesa humanidad entre enero y septiembre pasado, en relación con igual período de 2015, según cifras del Ministerio Público. Y la mayoría de ellas involucran a funcionarios públicos: 339 de un total de 363.
Habitualmente están dirigidas contra funcionarios de Gendarmería, de Carabineros y de la Policía de Investigaciones (PDI). Esta última institución, sin embargo, precisó que este año no existen formalizados en sus filas, señala "
El Mercurio".
El cómo abordar la investigación del delito de tortura y la nueva ley que lo tipifica son parte de los temas que se debatirán hoy en el seminario
"Nuevo delito de tortura en Chile: Desafíos para la investigación penal", que realizan la Fiscalía y la PDI en la Escuela de Investigaciones Policiales.
Para el jefe del Ministerio Público, Jorge Abbott, "la promulgación de la ley que tipifica el delito de tortura en el Código Penal ha permitido avanzar hacia uno de los mayores compromisos internacionales que se encontraban pendientes".
Penas sin beneficios
También Héctor Espinosa, director de la PDI, valoró esta nueva normativa, al tiempo que recordó que "actualmente nuestro Plan Estratégico define claramente algunos ejes de gestión, donde Probidad, Ética y DD.HH. figuran como valores transversales y permanentes de la gestión institucional".
La legislación —pronta a entrar en vigencia— entrega una definición de tortura propiamente tal (no de apremios o tormentos), estableciendo que esta es "todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos, sexuales o psíquicos", ya sea para obtener información, castigar o en razón de una discriminación fundada en ideología, opinión política, religión, etnia, orientación sexual y la identidad de género, entre otros aspectos.
Además, aumenta las penas asociadas a este ilícito (541 días a cinco años), las que podrán alcanzar hasta los 10 años de cárcel, cuando los delitos de tortura sean cometidos por un funcionario público, o por un particular en el desempeño de una función pública.
Y si este delito está en conexión con otros, como homicidio o violación, la sanción puede alcanzar el presidio perpetuo calificado (un mínimo de 40 años privado de libertad antes de acceder a beneficios).
Por qué el alza en 2016
"Un tema que impulsamos muy fuertemente (en el Congreso) fue que siempre las investigaciones por delito de tortura sean de competencia de la justicia civil (y no militar), con independencia de si hay carabineros de por medio o quien esté", explica el director de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado (Ulddeco), Mauricio Fernández, quien fue uno de los gestores de la mesa de DD.HH. de la Fiscalía Nacional. Y es probable que eleve aún más las denuncias, dice.
¿A qué atribuir el alza de denuncias en 2016? Las altas cifras pueden encontrar explicación en la instrucción general sobre conductas constitutivas de torturas impartida a fines del año pasado a todos los fiscales del país, responden en el Ministerio Público.
El anterior fiscal nacional, Sabas Chahuán, estableció diligencias mínimas a realizar en este tipo de casos, sin las cuales no resulta posible archivar la investigación, advirtiéndose además que la falta de voluntad de la víctima, de perseverar en la denuncia, no constituye por sí sola una razón para no continuar con la indagatoria.
Fernández agrega que pareciera haber también una mayor confianza de las personas, en cuanto a que se va a investigar y sancionar aunque el imputado sea un funcionario policial: ya ha ocurrido en casos de 2014, 2015 y 2016 (Vicuña, Pudahuel, La Pintana).
