Mario Quilodrán, El Mercurio (foto referencial)
SANTIAGO.- En 2015, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) batió el récord de compras de terrenos destinadas a comunidades mapuches con reclamaciones históricas, entregando 84 terrenos a través del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas. En los últimos 4 años, el promedio fue de 78 terrenos por año.
Pero la tendencia cambió drásticamente en 2016, ya que se han comprado solo 12 terrenos, que fueron entregados a 7 comunidades indígenas (2 en Biobío y 5 en La Araucanía), información actualizada al 15 de noviembre, indica "El Mercurio".
La disminución coincide con la entrada en vigencia de una restricción a las compras de predios que estén siendo violentados; es decir, "cuya posesión o mera tenencia no se encuentre de ninguna manera perturbada", como lo señala la glosa que se incluyó en noviembre del año pasado durante la discusión presupuestaria. La idea fue incorporar el concepto de "campo tomado, campo no pagado", y no financiar compras de terrenos que estuvieran ocupados ilegalmente por las mismas comunidades que los reclaman.
Bajo esta condición, el Congreso aprobó un presupuesto para este año de $83 mil millones para el Fondo de Tierras y Aguas de la Conadi, pero solo la cuarta parte de ese fondo se ha podido gastar. El último informe de ejecución trimestral disponible (septiembre, Dirección de Presupuestos) muestra que a esa fecha solo se habían ejecutado 29 mil millones. Poco más de 4 mil de ellos, corresponden a la compra de los 12 terrenos antes mencionados.
La misma restricción para los campos tomados operará en 2017, año para el cual el proyecto de ley de presupuestos contempla $80 mil millones para el Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, un 6% menos que el año pasado.
"El Mercurio" solicitó en mayo a la Conadi, a través de la Ley de Transparencia, una lista de todos los terrenos comprados por la institución en los últimos años, con información sobre quiénes eran los vendedores y cuáles eran las comunidades indígenas beneficiadas.
Sin embargo, pese a ser pública, la información fue negada. Luego de apelar ante el Consejo para la Transparencia, la Conadi hizo entrega de la información la semana pasada. Y actualizó, además, los datos que se pueden obtener a través de su página web.
Las comunidades beneficiadas este año fueron Francisco Namoncura (Tirúa), con 4 terrenos; Cacique Paicaví (Cañete), con tres; y las comunidades Ignacio Lemún (Ercilla), Cahuin (Victoria), Anselmo Enef (Victoria) y Juan Huilcaleo (Galvarino), cada una con un predio. Ninguna de las mencionadas tiene participación en tomas de terrenos en la actualidad.
Respecto de quiénes vendieron las tierras, la mayor cantidad de predios corresponde a la forestal Volterra S.A. (4, por un total de $1.199.960.000) y a Inmobiliaria Agrícola y Forestal Los Maquis Ltda. (2 terrenos, por un monto de $1.206.055.000).
Advertencia del consejo
En julio pasado, el Consejo Nacional Indígena —constituido por 8 representantes de las etnias ante la Conadi— advirtió que la glosa generaría dificultades en las compras de predios, dice Zenón Alarcón (Ind.), uno de los consejeros.
"La glosa tiene una limitante, ya que obviamente genera ciertas dificultades para la compra. Además, el proceso también se ha rigidizado producto de las denuncias que ha habido respecto a las compras y ventas de tierras. La recomendación que hicimos a la Conadi fue tener un plan de contingencia urgente, puesto que se preveía que con la compra de tierras del 20 b íbamos a tener dificultades".
Agrega que "esto perjudica la acción integral de la Conadi. Las instituciones públicas se evalúan básicamente por su gestión, en términos de si se gastan los recursos que se designan o no los gastas".
El consejero Marcial Colín (PS) dice que efectivamente el consejo advirtió a la Conadi sobre "los problemas que podrían suscitarse".
"Si bien la glosa la instalaron los parlamentarios de ambos bandos, ahora viene instalada por el Ejecutivo, lo que agrava la situación. Creo que la paciencia de las comunidades no va a dar para más", dice.
Colín afirma que más allá de la glosa —que considera "completamente ilegal"— existe una "muy mala gestión" de la Conadi, lo que se refleja en las tomas de razón de las compras de predios de parte de Contraloría en el último año, "cuestión que no se había dado antes. Eso demuestra que Conadi siempre necesita de un supervisor".
Esto, ya que actualmente la Contraloría revisa las carpetas con los antecedentes de las compras de tierras.
La presidenta de la Multigremial de La Araucanía, Angélica Tepper, cree también que la glosa ha influido en menos compras. "No por vía de la violencia se van a estar entregando predios. Esa es la peor señal que se puede dar (...) Hoy día se está privilegiando a la gente que va por la vía normal y por lo que establece la ley".
En tanto, Yasmín Zaror, investigadora de Libertad y Desarrollo, reconoce que la restricción de las tierras puede haber influido en la disminución de las compras, pero asegura que hay otros elementos que deben considerarse en el análisis, como la gestión de la Conadi, la disminución del número de terrenos disponibles para la venta en La Araucanía y la lentitud de los procesos de compra, "que pueden tomar años".
Alberto Pizarro (PPD), director de la Conadi, fue consultado, pero hasta el cierre de esta edición optó por no hablar.
