SANTIAGO.- "Era del todo complejo instruir sumarios, fundamentalmente en caso de denuncias por maltratos a los niños, niñas y jóvenes, dado que muchas veces se acusaba persecución, un sesgo contra el personal de trato directo. O bien, que las denuncias eran inventos de las víctimas".
Esteban Elórtegui es abogado y así describe su período como director regional del Servicio Nacional de Menores (Sename), en Valparaíso.
Durante su gestión debió enfrentar un paro y toma por parte de trabajadores en uno de los centros ubicado en Playa Ancha. Esto ocurrió, según relata, luego de que se iniciaran varios sumarios por maltrato y generaran suspensión de funcionarios.
Su renuncia, sin embargo, le fue solicitada durante esa crisis, la que finalmente se produjo el 4 de octubre pasado.
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El Mercurio" reveló el 12 de noviembre pasado que solo 8 de 180 sumarios por maltrato en los últimos 10 años habían concluido en sanciones, 78 estaban sobreseídos y 54 aún estaban en etapa indagatoria.
Ante esa realidad, Elórtegui dice que ante el inicio de sumarios "el panorama se tornaba ya en conflicto, se producían movilizaciones (desde manifestaciones con lienzos hasta paros y tomas) cuando se aplicaba la medida preventiva de suspensiones de funcionarios por parte de los fiscales, atendidos los antecedentes que tenían a la vista".
Fiscales que no son abogados
Respecto del retraso en el cierre de estos procesos a nivel nacional, el ex director regional afirma que obedece principalmente a dos razones.
"Por un lado, los fiscales son funcionarios del servicio. Por regla general, no son abogados, por lo que deben cumplir el cometido funcional junto con sus labores habituales. Entonces el funcionario no les da prioridad en su quehacer, al ser una tarea accesoria y vista como una pesada carga", dice.
Cuando habla de "pesada carga", Elórtegui alude a que, al no ser abogado, el funcionario "siente no contar con todos los conocimientos y destrezas, interrumpe su labor habitual y debe enfrentar por momentos presiones de las asociaciones".
Intentos de que se retracten los denunciantes
Otro punto que dificulta llegar a un resultado, dice, es que "los sumarios deben reabrirse muchas veces, ya que faltan diligencias por desarrollar o contienen errores".
Finalmente, asegura que la otra razón fundamental "para la demora radica en la presión que ejercen los dirigentes del Frente de Trabajadores”, quienes “entorpecen los procedimientos y presionan a todo nivel a las duplas psicosociales, supervisores, directivos de los centros, dirección regional y dirección nacional".
De acuerdo a su relato, los dirigentes también "presionan a fiscales de los sumarios y lo peor es que intentan —con bastante éxito— que los denunciantes, que son muchas veces los mismos niños, niñas y jóvenes víctimas, se retracten".
Una de las medidas urgentes que plantea el ex director regional es que se debe contar "con fiscales que sean abogados, competentes, autónomos, plenamente dedicados a los sumarios".
Además, enfatiza en que el servicio debe ser "profundamente intervenido" cuanto antes, de manera que se pueda "velar oportuna y eficazmente por los derechos de los niños, niñas y jóvenes bajo el cuidado del Estado".
El Sename, bajo la conducción de la ex fiscal Solange Huerta, ha señalado que se encuentra en un proceso con metas de corto, mediano y largo plazo para ir cerrando los sumarios administrativos que aún se encuentran abiertos.
