SANTIAGO.- La Contraloría General de la República decidió abstenerse de tomar razón de las licitaciones de cuatro hospitales del plan de infraestructura en salud llevado a cabo por el Gobierno, tras encontrar vicios en los procesos de los recintos correspondientes a la construcción del nuevo Hospital Barros Luco, así como de los recintos de Chillán, Linares y Talcahuano.
Con ello, el ente que fiscaliza el accionar del Estado detuvo los procesos de adjudicación de unos US$ 1.006 millones (equivalentes a $682 mil millones), que ahora deberán ser revisados para definir el futuro de cada uno.
Anoche, según publica
"El Mercurio", el Ministerio de Salud explicó a través de un comunicado que en el único recinto en que está resuelto cómo zanjará el impasse es Chillán (cuyo costo estimado inicialmente por Salud era de $167.901 millones), donde se optó por hacer un nuevo proceso de licitación. El concurso detenido por la Contraloría había sido propuesto para adjudicar a la empresa italiana Astaldi, la que también había sido seleccionada en el caso del Barros Luco ($300.434 millones) y Linares ($147.276 millones).
Estos tres recintos fueron proyectados para ser construidos a través del método de concesiones, y en los casos de Chillán y Linares la actual administración optó por financiarlos con recursos propios. En tanto, en Talcahuano ($68.114 millones) había sido propuesta la empresa Moller & Pérez Cotapos.
Las objeciones
La Contraloría puntualizó que en los establecimientos de Chillán y Barros Luco, los procesos de adjudicación fueron interrumpidos debido principalmente a omisiones de información de parte de la empresa a la que se pretende adjudicar (en ambos casos, la italiana Astaldi).
"De los documentos tenidos a la vista aparece que el adjudicatario habría omitido una serie de proyectos en ejecución", dice, por ejemplo, en la resolución emitida sobre el Barros Luco. Desde el Gobierno explicaron que se trata de información sobre las participaciones de la empresa en otros procesos licitatorios o de construcción, que podrían impactar en su respaldo financiero y, por lo tanto, en la capacidad de responder ante un eventual requerimiento.
Sobre Talcahuano y Linares, en tanto, los reparos centrales son la inexistencia de respaldos sobre la experiencia de un funcionario clave (en el caso del primero) y que se omite la certificación de un profesional, que según las bases requería que se tratara de un ingeniero civil en transporte, en el segundo.
Soluciones previstas
La autoridad de Salud explicó que en el caso del Hospital de Linares se decidió aportar nuevos antecedentes para buscar una reconsideración de parte de la Contraloría.
Acerca de los centros asistenciales de Talcahuano y Barros Luco, Salud continúa "analizando los alcances de esta representación y los antecedentes de las otras ofertas, para informar a la brevedad el curso que tomarán estos procesos".
Por último, respecto del Hospital de Chillán, "la decisión del Ministerio de Salud ha sido declarar desierto este proceso. El Servicio de Salud Ñuble ha comprometido iniciar una nueva licitación en los próximos días", informó.
En la empresa italiana aseguraron ayer que "estamos revisando la situación en torno a los tres hospitales públicos adjudicados a Astaldi por parte del Ministerio de Salud y evaluando las futuras acciones que tomará la empresa".
Por otra parte, desde la secretaría de Estado detallaron que "durante el período 2014-2016 fueron tomados de razón 21 procesos licitatorios de obras hospitalarias, además de 167 en el nivel de atención primaria de salud, sumando un total de 188 obras".
En términos prácticos, los recintos se verán retrasados en sus plazos de construcción, generando impacto en las poblaciones que buscan atender, pero también complicando el ya comprometido plan del Gobierno de dejar 20 hospitales construidos e igual cantidad en construcción y en etapas previas. De los establecimientos que fueron objetados por el órgano contralor, no había ninguno que debiese quedar construido durante el mandato de Michelle Bachelet.