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Los hechos que la Fiscalía le atribuye a Garay y que sustentan las sospechas sobre su participación en estafas

De acuerdo a lo expuesto por el fiscal José Morales durante la audiencia de formalización en ausencia, el ingeniero utilizó como fachada su empresa Think & Co. para engañar a sus inversionistas.

24 de Noviembre de 2016 | 11:30 | Por Andrea González Schmessane, Emol
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SANTIAGO.- Participación en calidad de autor de los delitos de estafa en carácter reiterado fue el cargo que este jueves le imputó el fiscal centro norte José Morales al mediático ingeniero Rafael Garay Pita, en el marco de la audiencia de formalización en ausencia que a esta hora se lleva a cabo ante el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago.

Según expuso el investigador, el imputado a través de engaños, habría logrado estafar a 36 personas, a quienes convenció para que invirtieran sus fondos en su empresa Think & Co. comprometiendo una rentabilidad mínima anual del 18%.


En su indagatoria, el fiscal estableció que la firma del autodenominado economista su bien se constituyó legalmente en 2008, desde 2011 solo sirvió para aparentar y realizar contratos simulados, ya que no registra movimientos desde entonces.

De esta manera, sostuvo el engaño hasta junio de 2016, cuando a través de un correo electrónico informó a sus inversionistas el cierre de las operaciones de su firma debido al cáncer terminal que lo afectaba.
De acuerdo a los antecedentes de sustentaron la formalización de Garay, el imputado pactó contratos falsos con sus víctimas, retribuyéndoles en principio las ganancias comprometidas para convencerlos del éxito de su inversiones en mercados asiáticos.

Asimismo, decía mantener oficinas en Hong Kong para respaldar su negocio, el cual -según aseguraba- estaba regulado y sometido a la supervisión de la Superintendencia.

La indagatoria también estableció que Garay se aprovechaba de ser una figura pública para lograr credibilidad, jactándose de su amistad con el periodista Iván Núñez y por tener un programa de radio.

El tribunal se basó en la actuación realizada por el imputado al comunicarle a sus inversores el cierre de su empresa Think & Co. y el compromiso de la devolución del total de los dineros, lo que hasta hoy no ha ocurrido.
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