SANTIAGO.- En fallo unánime, este martes la Corte de Apelaciones acogió la solicitud de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y accedió a decretar la detención previa con fines de extradición respecto del imputado Rafael Garay, quien se encuentra en Rumania tras salir del país hace dos meses para tratar el supuesto cáncer que dijo padecer.
La medida, según explicó a
Emol el profesor en Derecho Internacional de la U. de Chile Eduardo Picand, es una herramienta que contempla la ley chilena y los tratados internacionales, que tiene por objeto que un Estado, actuando en cooperación con otra nación, mantenga detenida a una persona requerida judicialmente, por un periodo no superior a dos meses, durante la tramitación de la solicitud de su extradición.
"La detención previa, sin embargo, no significa que, en este caso Garay, necesariamente quede detenido en Rumania, sino que puede estar sujeto a medidas cautelares de menor intensidad como -por ejemplo- firma, arraigo nacional, o arresto domiciliario", agregó el también ex director de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones (Uciex) de la Fiscalía Nacional, mencionando que será "una decisión que van a adoptar los jueces de Brasov autónomamente".
"Eso mismo ocurre a la inversa cuando un Estado extranjero le pide a los tribunales chilenos la detención previa a la Corte Suprema", continuó, argumentando que será decisión de los jueces del máximo tribunal los que "según la naturaleza del delito, su gravedad y el número de víctimas, decreten medidas precautorias proporcionales a los hechos".
En el caso particular del ingeniero comercial, perseguido por presuntas estafas que bordean los $1.800 millones, Picand aseguró que "hoy el señor Garay se encuentra ilegítimamente privado de su libertad en Rumania, porque de lo contrario, no tendría ningún sentido la solicitud de la Fiscalía de detención previa que esta mañana acaba de aprobar la Corte de Apelaciones".
"Si la está solicitando es porque, precisamente, a partir de hoy puede decretarse, entonces uno se pregunta, por qué esta persona ha estado privada de su libertad desde hace 11 días", dijo enfático.
E insistió: "Ello puede explicarse porque Intepol Santiago subió sin autorización judicial, una alerta roja internacional que en Rumania vale como si fuera una orden interna de detención, y es por eso que cuando apareció la difusión en el sistema informático de la policía de Brasov, inmediatamente lo fueron a buscar (a Garay) y lo detuvieron".
"Eso, a mi juicio -y desde el punto de vista técnico- es irregular, por eso coincido con lo que planteó el defensor (Claudio Aspe) al poner un recurso de amparo", reiteró, puntualizando que "el único tribunal que tenía competencia en Chile para poder ordenar algo así, era la Corte de Apelaciones, y lo ha hecho recién el día de hoy".
