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Jefe de la PDI en aeropuerto de Santiago advierte sobre la vulnerabilidad del sistema migratorio chileno

Subprefecto Bernardino Cárdenas señala que se requiere una nueva legislación, pues dice que la actual normativa es muy "permisiva" ante la situación de irregularidad de personas de otras nacionalidades.

30 de Noviembre de 2016 | 06:37 | Emol
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El jefe de aeropuerto de la Policía Civil, subprefecto Bernardino Cárdenas.

El Mercurio (archivo)
SANTIAGO.- Hasta agosto de 2016 se registró la entrada de más de 20 mil haitianos a Chile. Y el ritmo crece vertiginosamente, al punto de que hoy se estima que pueden llegar a ingresar hasta 200 al día.

Según datos de la PDI, la gran mayoría de estos ciudadanos aterriza en el país con una visa de turista, cuando en realidad vienen para quedarse. Desde 2013, solo 4 mil han dejado Chile, señala "El Mercurio".

Casos como esos son parte del debate que se ha generado en torno a las personas extranjeras que se mantienen en Chile de forma irregular.

Sobre el fenómeno, el jefe de aeropuerto de la Policía Civil, subprefecto Bernardino Cárdenas, explica que la actual Ley de Migraciones posibilita que los extranjeros puedan llegar a Chile con una visa de turista, y que si esta se vence, eso no signifique una expulsión, como ocurre en otros países.

"Nuestra ley migratoria es bastante permisiva, porque, de una situación irregular en el país, un extranjero puede llegar hasta a obtener la carta de nacionalización", señala Cárdenas a modo de ejemplo.

Actualmente, un inmigrante puede ingresar a Chile como turista; con una visa sujeta a contrato; con un permiso temporal; como estudiante; o bien, si solicita refugio o asilo político, en caso que corresponda.

El permiso de turista —que contempla 90 días prorrogables— permite que el interesado pueda cambiar luego de formato migratorio en caso de ser necesario. Así, si el extranjero encuentra trabajo, puede tramitar la visa por motivos laborales, o bien, la visa sujeta a contrato.

No obstante, si concluye el período de la visa y el extranjero continúa en el país, este queda en estado "irregular", pero todavía con posibilidades de normalizar su situación si encuentra un trabajo o entra a estudiar.

"En estos casos, estas personas hacen una tramitación administrativa, deben pagar una multa y se les da una visa temporaria. Al cabo de los dos años, pueden postular a la permanencia definitiva y a los cinco años, a la nacionalización. En países como Canadá o Australia eso no se puede. Los chilenos allá no pueden cambiar de visa y tienen que regresar y hacer el trámite en su país", plantea Cárdenas, quien agrega que "hay que actualizar la normativa vigente", que data de 1975.

Respecto de la regularización pendiente de inmigrantes —cifra que según el Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior es desconocida—, el subprefecto Cárdenas añade que es "la autoridad administrativa la que tiene que regularizar todo eso. La parte de la PDI es la fiscalización y el control" en el acceso.

Este último punto, agrega Cárdenas, es el trabajo que a diario realiza su equipo en el aeropuerto, pues para que una persona ingrese como turista no basta que lo diga y contar con un documento, sino que además los policías deben cerciorarse de que venga con dinero para su estadía y que cuente con su pasaje de retorno.

Extranjería: "Solo 2,36% de los reos que cumplen condena son extranjeros"


Respecto del debate sobre los extranjeros que cometen delitos en Chile, el director nacional de Extranjería, Rodrigo Sandoval, explicó que "las personas asocian la expulsión con la comisión de un delito. Pero la mayoría de extranjeros son expulsados por haber ingresado clandestinamente. Solo el 2,36% de los reos que cumplen condena son extranjeros".

En 2015 se dictaron 2.680 órdenes de expulsión contra extranjeros. La principal causa es la entrada clandestina al país (1.012). En el caso de comisión de delito, lidera el tráfico de drogas (708), porte ilegal de armas (13), robo y hurto (13), homicidio (8) y abuso sexual (6).

Sin embargo, el ex director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) Gonzalo Yuseff afirma que día a día pueden estar entrando a Chile personas que cometieron delitos en otros países y que no están en los registros de Interpol. Según Yuseff, el control en el país es muy precario, ya que no existen registros biométricos.

Nueva normativa estaba anunciada para marzo de este año

El Gobierno había prometido que ingresaría el proyecto de una nueva Ley de Migraciones en marzo de este año. Sin embargo, diferencias entre los ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores habrían generado que aún se mantenga en revisión.

Según se reveló en su momento, esa nueva legislación tendría un enfoque basado en derechos humanos, pero incluiría una serie de deberes para los extranjeros como son respetar las normas internas, de ingreso por lugares habilitados, de tránsito, residencia y egreso del país.

En caso de incumplir la norma, las sanciones llegarían hasta la expulsión del país. Además, el anteproyecto, que aún no ingresa al Congreso, incluiría la creación de un Registro Nacional de Extranjeros, nómina que comprende la identificación de todos los asentados en Chile, sean oficiales de misiones diplomáticas o bien visitantes.

En este sentido, el proyecto establecería, según se ha señalado, que el registro será administrado por el Servicio Nacional de Migraciones y que tendrá un carácter de reservado, según lo fijado en las leyes 20.285 sobre acceso a la información pública y 19.628 sobre protección de la vida privada.

También garantizaría derechos para los inmigrantes que lleguen a Chile. Así, se garantizarían el nombre y la nacionalidad de todo niño que nazca en territorio nacional, sin importar la calidad migratoria de sus padres o de quienes lo tengan a su cuidado.

El año pasado, la Presidenta Bachelet envió un instructivo con lineamientos para la política nacional migratoria en la que establecía la necesidad de "ir igualando progresivamente los derechos entre la población chilena y quienes han optado por hacer una nueva vida en Chile", en materia de salud, educación y derechos sociales.

Ayer, distintos candidatos presidenciales afirmaron que es necesario actualizar la ley.
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