SANTIAGO.- Este jueves 1 de diciembre el fiscal nacional Jorge Abbott Charme (69) cumple un año a cargo de la administración del Ministerio Público, tras suceder a Sabas Chahuán en 2015.
Su gestión ha estado marcada por la política de austeridad que instauró desde su llegada, y su régimen contrario a las filtraciones.
Sobre todo, después del énfasis normativo que introdujo la Ley 20.931, conocida como "Agenda Corta", que modificó el artículo 64 de la Ley Orgánica, estableciendo que los fiscales deberán abstenerse de emitir opiniones y de entregar antecedentes a terceros ajenos a la investigación que sustentan.
En este escenario es que Abbott golpeó la mesa y durante el segundo semestre, ha ordenado dos investigaciones por entrega de información reservada en causas de connotación pública, y dos sumarios contra jefes regionales que habrían infringido las instrucciones que delimitan su campo de acción ante los medios de comunicación.
Medidas ante filtraciones
La primera investigación administrativa se ordenó en agosto pasado contra el fiscal regional de O´Higgins, Emiliano Arias.
La causa quedó en manos de su par Centro Norte, Andrés Montes, quien finalmente decidió sobreseer al abogado al no acreditarse participación en las filtraciones de antecedentes del caso Corpesca, que hasta entonces estaba bajo su dirección.
Posteriormente, Abbott ordenó lo mismo respecto del jefe regional de Valparaíso, Pablo Gómez, al fiscal Sur Raúl Guzmán, específicamente tras la denuncia presentada por la defensa de Marco Enríquez-Ominami por supuestamente infringir los deberes de reserva y objetividad que su cargo le obliga.
Siguiendo la misma línea, se inició una investigación por las presuntas filtraciones de datos reservados contenidos en la carpeta de la causa penal que la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Oriente lleva adelante en contra del ex ministro Jorge Insunza; y ayer se informó que se siguió la misma instrucción en el caso Penta, por la difusión de la declaración de Giorgio Martelli.
Ambas indagatorias quedaron en manos del fiscal Andrés Montes
Austeridad
La administración de Abbott también ha estado marcada por su política de austeridad y su intención de destinar todos los recursos a las víctimas.
Para ello, la máxima autoridad del Ministerio Público reordenó los dineros y eliminó todos aquellos gastos que no fueran de primera necesidad.
La primera señal que evidenció su pretensión fue la orden de eliminar la máquina de café ubicada en la oficina de su gabinete semanas después de asumir el cargo.
Allí, durante la administración de Chahuán, el dispensador estuvo a disposición de todos los empleados que aparecieran en el lugar, sin embargo, tras el cambio de mando, la máquina debió ser enviada a las bodegas del Ministerio Público.
Otra drástica determinación de Abbott fue mantener el vehículo designado para uso del fiscal nacional -que debía ser renovado este año- y prescindir durante los fines de semanas del equipo de seguridad que a diario lo escolta, como está establecido en el protocolo.
Incluso, cada viernes, una vez terminada su jornada laboral, Abbott viaja en su auto particular hasta su casa en Olmué, y lo hace sin chofer.
En la misma línea, disminuyó los gastos de banquetería, y sin eliminarlos, se optó por reemplazar los sendos cócteles que en la mayoría de los eventos solía ofrecer la institución, por degustaciones más austeras y apegadas a la nueva política del Ministerio Público.
