SANTIAGO.- Durante la jornada de ayer, luego de que la Presidenta Bachelet anunciara el viernes pasado que una nueva ley de migraciones estará dentro de las prioridades de la agenda legislativa del Gobierno, distintas voces oficialistas pidieron enviar la iniciativa al Congreso con rapidez.
Se trata de un proyecto que el Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior comenzó a preparar en 2014.
En este contexto, según consigna
"El Mercurio", llegaron ayer hasta el despacho del ministro del Interior, Mario Fernández, los diputados Claudio Arriagada (DC) y Miguel Ángel Alvarado y Felipe Letelier, del PPD. Los parlamentarios representan a la llamada "bancada por la migración", que integran Matías Walker y Jaime Pilowsky, de la DC; Karol Cariola y Hugo Gutiérrez, del PC; Tucapel Jiménez (PPD), Clemira Pacheco (PS) y Alejandra Sepúlveda (Independiente).
Los diputados valoraron la reunión con Fernández, ya que, según comentaron, el ministro comprometió que el texto ingresará en enero.
"El proyecto va a ingresar a finales de enero, lo dijo el ministro", informó Arriagada, coordinador del grupo. "Esperamos que en diciembre estén en limpio los borradores; son varios cuerpos legales a modificar. En enero va a ingresar", añadió Letelier.
Desde La Moneda, en tanto, ratificaron que el Gobierno apuesta a que el texto ya esté afinado para su ingreso en la última semana de enero.
En las semanas previas, Chile Vamos realizó una serie de propuestas sobre la base de un proyecto que envió la administración del ex Presidente Sebastián Piñera.
Derechos y sanciones
"El gobierno coincide con nosotros en que el proyecto tenga un enfoque de derechos", informó Arriagada, señalando que ello implica que el país responda a las necesidades de vivienda, salud y educación de inmigrantes "con una especial preocupación por los niños hijos de indocumentados".
"Pero el Gobierno también coincide en que debe haber una migración segura para quienes llegan al país como para los chilenos; que se prevenga toda acción delictual", añadió Arriagada.
En ese sentido, Walker respaldó el anteproyecto preparado por el jefe del Departamento de Extranjería, Rodrigo Sandoval: a su juicio, es una iniciativa "equilibrada" en cuanto a derechos y a la vez sanciones.
"El anteproyecto, que hemos trabajado con Sandoval, contempla que frente a delitos graves que están identificados se les podría expulsar (a los inmigrantes)", explicó el diputado, señalando que se contempla también la opción de identificar si quienes quieren ingresar a Chile han cometido delitos en sus países de origen.
Una de las explicaciones que entregó a los parlamentarios el ministro para el retraso del envío al Parlamento, según presentes, fue que el Gobierno se encuentra revisando la creación de una nueva institucionalidad: se baraja la opción de que sea Interior quien coordine el accionar de entidades policiales que fiscalicen la llegada de extranjeros, como la PDI, y de las que entregan beneficios, como la Junaeb.
