El Mercurio (Archivo)
SANTIAGO.- Este lunes Rafael Garay cumplió un mes con arresto total en su domicilio en Rumania, tras ser detenido el 18 de noviembre pasado en Brasov, tras la alerta roja internacional emitida por Interpol Santiago.
Desde entonces, el ingeniero ha intentado revertir su situación de manera infructuosa debido a que los tribunales de ese país le han negado todas sus pretensiones respecto a rebajar sus medidas precautorias.
Es en este escenario que el autodenominado economista deberá esperar que las autoridades rumanas reciban formalmente la solicitud de extradición de Chile con el objeto de ser juzgado en el país por presuntas estafas piramidales que bordean los $1.800 millones y que habrían afectado a 36 personas.
Y para eso, aún queda un largo camino.
Lo anterior, porque luego que la Corte de Apelaciones aceptara el miércoles de la semana pasada pedir la entrega de Garay a Rumania, comenzó oficialmente el proceso de extradición con miras a poder enjuiciarlo en Chile.
Lo que viene
Ahora, una vez que el secretario del tribunal de alzada remitió el expediente foliado al Ministerio de Relaciones Exteriores, éste tendrá-previa traducción al inglés- que reenviarlo a la embajada de Chile en Bucarest.
Una vez allí, los antecedentes que fundaron la formalización en ausencia del autodenominado economista por parte de la Fiscalía Centro Norte, serán entregados a la autoridad central rumana, dándose inicio al procedimiento de extradición pasiva, la que podría concretarse durante el primer semestre de 2017.
Como primera medida, los tribunales de ese país agendarán una audiencia donde se discutirá la medida cautelar personal a la cual quedará sujeto Garay durante la tramitación del proceso en su contra.
Los intereses de Chile, en tanto, serán representados por la Fiscalía de Bucarest, mientras que las del ingeniero, por el defensor que lleva su caso desde su detención en Brasov.
Así las cosas, si la justicia rumana acepta extraditarlo, Rafael Garay podrá ser enjuiciado en Chile por el supuesto fraude que afectó a 36 personas.
De lo contrario, si se rechaza la pretensión del fiscal José Morales, entonces el ingeniero podrá permanecer en el país europeo y eludir a la justicia chilena.