Juan Eduardo López, El Mercurio (Archivo)
SANTIAGO.- Una familia de La Florida vivió un momento de tensión cuando fue obligada a pagar $1.500.000 por el rescate de sus hijos, de 17, 9 y 6 años, que eran víctimas de un secuestro.
Sin embargo, el hecho se trató de una estafa telefónica, donde los delincuentes mantenían conversaciones paralelas con la madre y los menores, confundiéndolos y evitando que se comunicaran entre ellos para desbaratar la mentira.
Aunque en un inicio solicitaron el pago de $10 millones por la liberación de los niños, el monto fue rebajado y depositado en una cuenta bancaria, que luego la fiscalía bloqueó. Pero un detalle no pasó inadvertido para quienes indagaron el hecho: Las llamadas a la familia provenían desde celulares ubicados en el interior de la cárcel de Colina.
Y es que pese a los esfuerzos para evitar el ingreso de estos elementos a los penales del país, desde 2011 hasta agosto de 2016 un total de 142.404 celulares han sido incautados por Gendarmería, según información que obtuvo Emol vía transparencia.
Sólo en la primera mitad de este año se han confiscado 12.859 aparatos a nivel nacional, de los cuales 916 provenían del centro penitenciario Santiago 1, en la Región Metropolitana, donde fueron detectados más celulares.
Esta región es lidera el listado de incautaciones, con 2.994 móviles. Le sigue la Región de Valparaíso con 1.850.
De hecho, en las dos cárceles de Colina, desde donde provino la llamada de la estafa de La Florida, se encontraron 1.006 celulares este año.
Iniciativas
El problema de los celulares en los centros de cumplimiento penitenciario ha sido expuesto en diversas ocasiones por las autoridades de Justicia y han sido varias las iniciativas propuestas para intentar solucionar el problema.
En 2013, por ejemplo, funcionarios de Gendarmería de Temuco quedaron como finalistas en el Desafío ChileGestiona gracias a un proyecto que implementaron en sus cárceles en las que se usaron perros detectores de celulares y chips telefónicos.
La iniciativa consistía en capacitar a los animales para detectar estos aparatos al interior de los recintos penitenciarios y evitar su ingreso a las cárceles, lo que mejoró en el establecimiento temucano los tiempos de inspección e incautación de éstos.
Previo a esto, en 2011 el Ministerio de Justicia, junto a Telefónica Empresas, anunció una inversión de casi dos millones de dólares para la implementación de nueva tecnología que consistía en un sistema de inhibición de redes inalámbricas al interior de las penitenciarías.
Con unas antenas de no más de 50 centímetros, instaladas en puntos estratégicos del establecimiento, se podría controlar y acabar con el tráfico de llamadas desde celulares desde el interior de las cárceles, disminuyendo la tasa de estafas y manejo del narcotráfico.
Sin embargo, tras cuatro meses de funcionamiento, el nuevo sistema no logró los objetivos y fue negativamente evaluado. Según explicaron las autoridades, los requisitos que se exigían a la empresa -la inhibición del 100% de la señal de celular dentro de las cárceles, que no interfiriera con la comunicación interna de Gendarmería y que no inhibiera la señal en los lugares aledaños al establecimiento- no se cumplieron.
