SANTIAGO.- La Corte Suprema rechazó el recurso de amparo presentado en favor de Rafael Garay que buscaba declarar ilegal su detención en Rumania, ocurrida el pasado 18 de noviembre.
En su resolución, el máximo tribunal descartó que en su arresto, concretado en Brasov. se hayan vulnerado sus garantías constitucionales como intentó establecer su defensor público, Claudio Aspe.
De esta manera, desestimó la acción penal interpuesta contra la Policía de Investigaciones y confirmó el dictamen de la Corte de Apelaciones de Santiago que estableció que la alerta roja en contra de Garay Pita se dictó ajustada a la ley.
"Aparece que la recurrida actuó cumpliendo órdenes emanadas del Ministerio Público y que la Notificación de Alerta Roja, no puede entenderse, necesariamente, como una forma de privación de libertad de una persona, si se atiende a lo señalado en el Reglamento de Interpol sobre el Tratamiento de Datos. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en su artículo 82, las notificaciones rojas se publican a petición de una Oficina Central Nacional o de una entidad dotada de competencias en materia de investigación y enjuiciamiento penal, para solicitar la localización de una persona buscada y su detención o limitación de desplazamientos con miras a su extradición, entrega o aplicación de otras medida jurídicas similares", dice el fallo del tribunal de alzada que hoy fue ratificado.
La defensa de Garay había recurrido de amparo porque -a su juicio- se habrían vulnerado las garantías constitucionales del imputado al emitir la policía chilena, una difusión roja sin la resolución previa de los tribunales.
Específicamente, porque al momento de su arresto en Chile no existía un requerimiento formal respecto a la solicitud de su extradición para que enfrente en el país un proceso penal.
Garay, en tanto, permanece con arresto domiciliario total a la espera de la tramitación de su extradición a las autoridades rumanas.
El autodenominado economista fue formalizado en ausencia por la Fiscalía Centro Norte por su presunta responsabilidad en estafas que bordean los $1.800 millones, hechos por los cuales podría enfrentar un juicio en el país en caso que las autoridades rumanas acepten entregarlo a la justicia chilena.
