Contralor Jorge Bermúdez.
Emol
SANTIAGO.- La Contraloría General de la República interpuso una contienda de competencia en el Senado para que sea esta Corporación la que resuelva si es la Corte Suprema o el órgano contralor la institución que debe decidir donde cotizarán los trabajadores de la Dirección de Aeronáutica Civil (DGAC).
Estos, que actualmente se mantienen en el sistema de las AFP, solicitan pasar a Capredena, el mismo régimen de los funcionarios de las Fuerzas Armadas.
El anuncio lo realizó el propio Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, quien añadió que se trata de una acción que no se ejecutaba hace 18 años en el país.
"Hoy se interpuso ante el Senado una contienda de competencia, por un conflicto que se está ventilando ante la Corte Suprema. Los funcionarios de la DGAC han señalado que el régimen que les es aplicable es el de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena)”, explicó.
“Lo que la Contraloría, basado en la ley, ha señalado que ese régimen es el de todos los chilenos, por lo tanto la Contraloría debe defender sus facultades en el sentido de que como se ha determinado por la ley que el régimen que les es aplicable es el de las AFP, no puede otro poder del Estado cambiarlo como se está pretendiendo", agregó.
La medida se sustenta en el artículo 6°, inciso primero de la ley 10.336 de Organización y Atribuciones de la Contraloría general de la República, que dispone que "corresponderá exclusivamente al Contralor informar sobre derecho a sueldos, gratificaciones, asignaciones, desahucios, pensiones de retiro, jubilaciones, montepíos y, en general sobre los asuntos que se relacionen con el Estatuto Administrativo, y con el funcionamiento de los servicios públicos sometidos a su fiscalización, para los efectos de la correcta aplicación de las leyes y reglamentos que los rigen".
En este sentido, de acuerdo a lo informado, desde al 1991 en adelante, la entidad ha emitido dictámenes, en los que se estipula que los funcionarios de la DGAC se encuentran sujetos al régimen previsional de las AFP y de acuerdo a Bermúdez si se va a hacer un cambio debe ser cambiando la ley.
Los costos
En noviembre de 2015, el Gobierno propuso a los líderes de los trabajadores de la DGAC, en el que hizo una propuesta que contemplaba una serie de bonificaciones por tramos.
En el documento, se explicita que pasar a la totalidad de los trabajadores a Capredena tendría un costo de más de 900 mil millones, en los próximos 30 años, para el Estado.
En este sentido Bermúdez sostuvo que son 1.300 personas que están en el proceso judicial y que hay otros 800 que están en una situación similar, pero en el Tribunal Constitucional.
En esa línea, Bermúdez explicó que no se realizó esta acción antes porque la Contraloría no había sido notificada y que fue la unidad de fiscalía de la entidad la que detectó este proceso en la máxima instancia judicial, la que se encuentra en la etapa de alegatos.
Ahora será el Senado el que deberá definir la inédita contienda entre el Poder Judicial y la Contraloría, a partir de los primeros días de enero, cuando regresen de su semana distrital.
