SANTIAGO.- A nueve meses de zanjarse el acuerdo que permitió suspender el proceso contra los seis acusados en el denominado caso Tsunami a cambio del pago total de $245 millones, el fiscal regional Occidente, José Luis Pérez Calaf, informó al 7° Juzgado de Garantía de Santiago que solo uno de los acusados ha cumplido "parcialmente" el trato que evitó llegar a un juicio oral por la fallida alerta de maremoto en 2010.
De acuerdo al escrito enviado el 12 de enero "los imputados Patricio Rosende, Carmen Fernández, Mario Andina, Mariano Rojas y Andrés Enríquez, han dado cabal cumplimiento a las condiciones impuestas, encontrándose al día en el pago de las cuotas, conforme a lo decretado por el tribunal".
Sin embargo, detalla que el imputado Johaziel Jamett, ex jefe del Centro de Alerta Temprana de la Onemi, "ha cumplido parcialmente con las condiciones impuestas" respecto a lo que refiere el pago de un seminario, ya que si bien pagó la primera cuota de manera íntegra, "hasta la fecha adeuda la segunda" ya solo ha desembolsado $100 mil, adeudando un saldo de $900 mil.
Por lo anterior es que el abogado querellante, Raúl Meza, solicitará al tribunal que se revoque la suspensión condicional del procedimiento con la intención de llevar a Jamett a un juicio oral.
"Nos parece extraordinariamente grave que el imputado Johaziel Jamett esté incumpliendo las condiciones que se acordaron ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago para que se decretara la suspensión condicional del procedimiento en su favor, impidiéndose a los familiares de las víctimas que fuera llevado a un juicio oral", dijo al respecto.
Y agregó que "en virtud de los antecedentes que está informando el fiscal regional, en nuestra calidad de querellantes, solicitaremos al Juzgado de Garantía que fije una audiencia para que se discuta la revocación de la suspensión condicional del procedimiento respecto al imputado en cuestión".
El Ministerio Público debió enviar los antecedentes luego que el abogado Fernando Saenger, en representación de dos víctimas de Dichato, solicitara al tribunal que oficiara a la Fiscalía para que se informara sobre si se había dado estricto cumplimiento al pago de la primera cuota que debía ser depositada durante los 90 días después de aprobada la suspensión condicional, y la segunda cuota que debía ser cancelada el día 31 de octubre de 2016.
Según el acuerdo zanjado, y que fue confirmado por la Corte de Apelaciones en abril del año pasado, Rosende debía desembolsar $80 millones, Fernández y los marinos $40 millones y Jamett, $5 millones.
Del total de los dineros, $235 serían entregado a los familiares de las 104 víctimas mientras que los $10 restantes serían utilizados para la realización de un seminario de Protección Civil.
