Los incendios forestales necesitaron ayuda extranjera que en un principio fue desestimada por la Conaf.
Agencia Uno
SANTIAGO.- Regalaban cotizados vinos, exquisitos jamones e incluso cajas con productos gourmet de hasta $ 2 millones (3 mil euros). Así agasajaban, según la investigación de la justicia española, las empresas del "cartel del fuego" a funcionarios públicos para conseguir las millonarias licitaciones y prestar sus servicios ante emergencias en incendios forestales.
Avialsa, Faasa, Trabajos Aéreos Espejo, Trabajos Aéreos Martínez Ridao, Cegisa y Trabajos Aéreos Extremeños son investigadas por presunta organización criminal, alteración de precios en concursos públicos, falsedad en documento mercantil, cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación y negociación prohibida a funcionario público.
Martínez Ridao, Faasa junto a Inaer aterrizaron en Chile y lograron contratos en las regiones de Valparaíso, Maule, Biobío y La Araucanía. Las tres cuestionadas empresas operan, de acuerdo a la investigación que lleva adelante la justicia española, sobornando, coludiéndose para dividirse las zonas licitadas y, con ello, adjudicarse los millonarios recursos que pagan las organismos públicos.
"Se acuerda respetar las zonas en las que cada compañía tiene su área de influencia, así como los nuevos contratos que cada empresa consiga que salgan a concurso público", señala la investigación, de acuerdo a los diarios de este país de Europa.
La indagatoria, asimismo, ha logrado establecer que las empresas agrupadas en el poderoso "G-6" también crearon un patrimonio común de aviones al que se le asignaba un número para participar en los concursos públicos.
Pero la estrategia iba más allá, de acuerdo a lo que hasta ahora se ha podido desentrañar. Cuando una comunidad autónoma (región) española llamaba a concurso, las empresas no asistían por lo que éstos terminaban declarándose desierto, "a efectos de incrementar el precio de licitación".
Otra estrategia del "G-6" era acudir a la mayor parte de los concursos, pero sólo con una empresa.
La Fiscalía Nacional ordenó investigar a las empresas Martínez Ridao, Faasa e Inaer, parte del "cartel del fuego" que en España ha sido calificada como una "asociación ficticia a efectos legales", según el juez a cargo de la indagatoria.
La fiscal Ximena Chong quedó a cargo de la indagatoria, que además serán vista en paralelo por la Fiscalía Nacional Económica.
La resolución en que se designa a Chong hace especial hincapié en que el delito de cohecho de funcionario público extranjero está recogido en la legislación nacional y es de especial preocupación de la Convención OCDE suscrita por Chile que combate el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.
La Corporación Nacional Forestal (Conaf) y la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi) contrataron los servicios de las empresas investigadas en España, para realizar tares de combate y extinción de incendios.
